El fiscal Snopek intentó volver a su puesto en Salta, pero fue frenado por la Procuración

El lunes pasado, el fiscal federal Francisco Snopek se presentó sorpresivamente en las oficinas del Ministerio Público Fiscal de la Nación en Salta, ubicadas en calle Caseros, luego de más de tres años de licencia. Sin embargo, su intento de volver a ocupar su cargo fue rápidamente contenido por una resolución del fiscal coordinador de la unidad, Eduardo Villalba, quien ordenó que se abstenga de concurrir hasta que la Procuración General de la Nación evalúe su situación.

Snopek estuvo ausente desde 2021 bajo una licencia psiquiátrica, enmarcada como "enfermedad de largo tratamiento", presuntamente vinculada a un cuadro derivado de problemas con el alcohol. Durante ese lapso, según fuentes judiciales, siguió percibiendo su salario y fue visto en actividades sociales en distintas localidades del país.

El regreso del fiscal, oriundo de Jujuy, generó revuelo interno en la sede local, ya que su figura sigue siendo objeto de fuerte controversia. A lo largo de los últimos años acumuló diversas denuncias que incluyen violencia de género, acoso, abuso de poder en el ámbito laboral e incluso hechos de gravedad como el presunto maltrato físico a su pareja y el entorpecimiento del accionar policial.

Aunque fue sobreseído en algunas causas iniciadas en la justicia provincial, otras investigaciones siguen abiertas o se encuentran fragmentadas. Paralelamente, la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, promovió dos pedidos formales de juicio político y suspensión en su contra, alegando que las conductas atribuidas a Snopek son incompatibles con los estándares de idoneidad y ética que exige la función judicial.

Sin embargo, estos procedimientos no avanzaron debido a que el Senado de la Nación no completó aún la designación del legislador necesario para constituir el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público.

En 2022, la defensora pública federal Ana Clarisa Galán denunció a Snopek por violencia laboral con connotaciones de género, lo que derivó en medidas de protección que siguen vigentes. La Corte Suprema de Justicia tiene pendiente el análisis de ese caso. Además, ese mismo año, una comisión investigadora del Ministerio Público de la Provincia de Salta realizó un informe socioambiental en el ámbito federal, en el cual se registraron múltiples testimonios que mencionan situaciones de maltrato y consumo de alcohol en el espacio laboral.

Villalba fundamentó su decisión de impedir la reincorporación en que aún no se realizó la evaluación médica correspondiente por parte del área especializada de la Procuración. Mientras tanto, la incertidumbre persiste dentro del fuero federal salteño sobre el futuro del fiscal y sobre el estado procesal de las causas y denuncias que lo involucran.