Exintendente condenado por intentar abrir un paso ilegal entre Salta y Bermejo

El Tribunal de la Sala I, con sede en la Capital Federal, ha decidido parcialmente a favor de los planteamientos de la defensa del intendente de Aguas Blancas, Sergio Gerardo Oliva, con respecto a la severidad de la sanción impuesta por el juez federal de Tartagal. El intendente había sido sentenciado a seis meses de prisión condicional y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone concordaron con el fiscal general Javier De Luca en que la pena otorgada excedía lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal (un mes de prisión suspendida y dos de inhabilitación), argumentando que el juez no podía apartarse del principio acusatorio sin violar el debido proceso.

La investigación se inició en 2016 cuando Gendarmería Nacional alertó a Aduana sobre trabajos viales realizados por la comuna para abrir una vía de acceso a la vera del río Bermejo, paralela al puesto fronterizo con Bolivia. Esta acción fue considerada como la creación de un paso alternativo no autorizado.

El fiscal federal José Luis Bruno imputó a Oliva por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. En septiembre pasado, el juez subrogante Julio Bavio lo condenó en un juicio abreviado. Aunque la obra fue anulada de inmediato, se demostró la intencionalidad ilícita.

Los jueces resaltaron que a pesar de no alcanzar su objetivo, Oliva tenía pleno conocimiento de que la ley prohíbe este tipo de obras en zonas de seguridad nacional sin el permiso correspondiente de la Comisión respectiva, actuando así con "dolo directo". Además, el paso habilitado conectaba sin control aduanero con una parada de taxis bolivianos.