Siete colectivos eran contratados todas las semanas para viajar hasta la frontera. Imputaron a varios civiles y gendarmes por el pago de coimas para evitar controles.
El criminal que cumplía condena por violencia de género y estaba denunciado por tenencia de droga, era hermano del candidato libertario que ahora está a cargo de la ciudad fronteriza.
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