El CIF interviene para analizar el daño ambiental en Lomas de Olmedo

En el marco de la causa por el daño ambiental detectado en el pozo hidrocarburífero LO-X10, ubicado en el área Lomas de Olmedo en Pichanal, el Ministerio Público Fiscal de Salta avanzó esta semana con medidas claves para preservar pruebas y establecer la magnitud del impacto.

En una audiencia celebrada en el Juzgado de Garantías N.º 2 de Orán, la fiscal civil, comercial y del trabajo Marcela de los Ángeles Fernández se constituyó como actora civil y solicitó formalmente la recomposición del ambiente afectado, con respaldo técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Uno de los principales pedidos fue la realización urgente de una pericia anticipada que permita preservar evidencia clave del sitio afectado. El estudio será coordinado por el Servicio de Ingeniería y Química Forense del CIF, o eventualmente por peritos especializados de universidades nacionales, en caso de que el organismo no cuente con los recursos técnicos necesarios.

La intervención prevé toma de muestras de suelo, agua y gases, análisis de dispersión de contaminantes, detección de residuos peligrosos, inspección de protocolos de contención y evaluación de fallas operativas. Además, se documentará la zona con registro audiovisual para aportar a futuras actuaciones judiciales.

"La afectación al ambiente es un daño a la sociedad. Por eso estamos hablando de un interés colectivo que nos involucra a todos", expresó la fiscal Fernández, quien además citó al Estado provincial como tercero obligado a intervenir.

En paralelo, la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, requirió a la empresa President Petroleum S.A. y a la Secretaría de Minería y Energía que acrediten la existencia del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO), tal como exige la legislación nacional. La compañía presentó una póliza de "Seguro Técnico de Energía", que fue rechazada por no cumplir con los requisitos legales del SAO.

"La responsabilidad empresarial no puede limitarse al lucro: debe garantizar mecanismos efectivos de reparación y protección de la comunidad", advirtió Fuentes.

La situación del pozo LO-X10 se tornó pública tras una denuncia de puesteros rurales, quienes advirtieron malos olores, presencia de gas en el ambiente y posible contaminación de napas. A raíz de ello, el Gobierno provincial conformó un Comité de Crisis e inició acciones de emergencia como cercado perimetral y aislamiento del área.

No obstante, la empresa President Petroleum se desligó recientemente de responsabilidades y deslizó que podría imputar el pasivo ambiental a YPF, en un posible planteo ante la justicia federal.

Mientras tanto, el pozo continúa fuera de control desde hace más de dos años y el impacto ambiental aún no fue debidamente cuantificado.