Embargarían a juez salteño por mantener presos a discapacitados que eran inimputables

Los abogados, Gonzalo Maidana y Alexis Ríos quienes representan a dos hermanos discapacitados que fueron detenidos durante tres años por presunto abuso sexual, pidieron que se embargue los sueldos de un juez, un fiscal y un abogado defensor y otros 10 funcionarios, por haber procedido erróneamente cuando una pericia psiquiátrica determinaba la inimputabilidad de los acusados.

"Jueces, fiscales, defensores, asesores y técnicos sindicados como responsables de haber mantenido detenidos por casi 3 años a dos hermanos discapacitados profundos, perciben sueldos que rondan el millón de pesos, y si se tiene en cuenta la situación de absoluta vulnerabilidad en que ambas víctimas fueron dejadas, el daño irreparable que se les produjo y la falta de determinación para avanzar con la investigación, no descartamos la posibilidad de pedir un embargo preventivo de los haberes de todos ellos", dijeron los abogados en una nota brindada al diario El Tribuno.

Hace casi 3 meses, una mujer, familiar de ambos acusados, en carácter de curadora, presentó la primera denuncia penal contra 10 funcionarios judiciales y hasta el momento no se inició ninguna investigación.

Fueron acusados del delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de edad. Según el certificado médico extendido por el psiquiatra Marcos Paredes y que forma parte del expediente, ambos hermanos residentes en la localidad de Aguaray en un finca donde vivían con su abuelo (su madre biológica también es discapacitada y el padre los abandonó siendo pequeños) presentan signos evidentes de ser oligofrénicos (deficiencia grave del área mental desde la etapa intrauterina o en los primeros años de vida). Uno de ellos también tiene dificultades para desplazarse y su hermano prácticamente no habla.

La única manera de reparar el daño producido es con una indemnización. Y es ahí donde buscan llegar los abogados Gonzalo Maidana y Alexis Ramber Ríos en relación con la causa que involucra a funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público acusados de graves delitos.