¿Negocio o necesidad? Detectan más de 170 construcciones ilegales en Aguas Blancas

La localidad salteña de Aguas Blancas, ubicada sobre el límite con Bolivia, enfrenta un crecimiento descontrolado de ocupaciones ilegales sobre tierras fiscales, que no solo vulnera el orden legal y urbanístico, sino que representa una amenaza directa a la seguridad nacional. Según relevamientos recientes, ya se detectaron más de 170 construcciones irregulares asentadas sobre la Ruta Nacional 50 y dentro de la franja de seguridad del Área de Control Integrado, una zona estratégica para los operativos de control migratorio, aduanero y contra el narcotráfico.

Este fenómeno, lejos de ser un caso aislado, evidencia el nivel de impunidad con el que se manejan cientos de personas en la frontera, muchas de las cuales aprovechan la crisis habitacional y económica para adueñarse de terrenos fiscales y luego venderlos de manera ilegal a precios insólitos, prácticamente haciendo negocio con la necesidad ajena, indicó Nuevo Diario de Salta.

Ventas clandestinas y conexiones peligrosas

La situación encendió todas las alarmas en el Gobierno Nacional. El Ministerio de Seguridad de la Nación ordenó operativos de inspección y pidió informes urgentes a Vialidad Nacional y a la Dirección General de Inmuebles de Salta, con el objetivo de frenar el avance de estas ocupaciones.

Los informes preliminares confirmaron que no solo existen edificaciones en proceso, sino también ventas ilegales de lotes, con conexiones eléctricas precarias y un crecimiento urbano caótico, sin planificación ni infraestructura básica.

Desde Gendarmería Nacional y otras fuerzas federales advirtieron que estas ocupaciones violan la legislación vigente en materia de seguridad de frontera, y que la proliferación de construcciones irregulares podría facilitar accesos clandestinos a rutas estratégicas, habilitando el accionar de redes de contrabando, tráfico de drogas y trata de personas.

Alto riesgo institucional y operativo

Además del delito de usurpación, estas construcciones afectan directamente el funcionamiento de sistemas de vigilancia, iluminación y tecnología que permiten sostener los operativos de control en una de las fronteras más calientes del país.

Los sectores ocupados por estas construcciones ilegales forman parte de un área prioritaria para el combate al crimen organizado. Por ello, desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que la situación no solo compromete la integridad de quienes viven allí en condiciones precarias, sino que pone en jaque los esfuerzos del Estado por mantener el orden y garantizar la soberanía en la frontera norte.