[ATENCIÓN] Bolivianos piden explicaciones por la militarización en la frontera

El despliegue de miles de efectivos militares argentinos en la frontera norte, en el marco del denominado "Operativo Roca", comienza a generar preocupación del otro lado de la frontera. Dirigentes cívicos de los departamentos bolivianos de Tarija y Potosí manifestaron públicamente su malestar por la presencia de tropas armadas en zonas limítrofes con su país y pidieron al gobierno boliviano que solicite explicaciones a la Cancillería argentina.

La advertencia fue dada a conocer por el periodista David Maygua, del portal Tarija Economía, quien señaló que "los cívicos de Tarija y Potosí esperan que el despliegue militar en Argentina no deteriore la relación bilateral".

Uno de los referentes más críticos fue Jesús Gira, presidente del Comité Cívico de Tarija, quien solicitó a las autoridades bolivianas que pidan formalmente información sobre el operativo militar para evitar una escalada diplomática. "Si bien respetamos la decisión argentina, esperamos que no haya excesos contra civiles bolivianos que cruzan la frontera por razones laborales o comerciales", sostuvo.

Por su parte, Alberto Pérez, presidente del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), instó a los presidentes y cancilleres de ambos países a reunirse cuanto antes. "El temor es que surjan problemas ulteriores si no se establece una línea de diálogo clara sobre el despliegue de tropas argentinas", advirtió.

Desde Yacuiba, el dirigente Henry Medrano reconoció la gravedad del narcotráfico en la frontera, aunque señaló que la militarización puede resultar "muy complicada" para la vida cotidiana de los habitantes de la región. "Hay más de 100 pasos ilegales con Salvador Mazza", alertó, al tiempo que calificó al narcotráfico como la "madre" de todos los delitos en esa zona.

Mientras tanto, en Argentina avanza un hábeas corpus colectivo y preventivo presentado por la Mesa de Derechos Humanos de Salta, que solicitó al Juzgado Federal de Orán que declare la inconstitucionalidad de las resoluciones que autorizaron el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. La medida apunta a "prevenir cualquier tipo de acción ilegítima y privación arbitraria de la libertad".

El Operativo Roca fue instruido por el ministro de Defensa, Luis Petri, y contempla el despliegue de más de 10.000 efectivos, con presencia permanente de 1.300 soldados en las provincias de Salta y Jujuy. Las tropas están habilitadas a portar armas cargadas y se utilizan drones, helicópteros, radares y un avión Diamond para relevamientos en zonas rurales críticas.

Además, se declaró a Orán y Aguas Blancas como zonas especiales de investigación bajo la Ley Antimafia, lo que permite a jueces y fiscales federales acceder a herramientas más agresivas para desmantelar estructuras criminales.