Ahora juzgan a 8 exconcejales salteños por el cobro del IFE: 3 renovaron su cargo

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta dio inicio ayer al segundo juicio a funcionarios públicos de esta provincia investigados por el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), beneficio implementado por el gobierno nacional tras la declaración de la pandemia por el COVID-19.

Bajo la presidencia del juez Marcelo Juárez Almaraz, el fiscal federal Ricardo Toranzos dio a conocer las acusaciones penales seguidas contra las personas acusadas, de las cuales tres mantienen su cargo legislativo, porque resultaron electos en los comicios del 2021. Se trata de Paola Cantarella, Jesús Cuellar y Héctor Cari.

En este caso, el representante del Ministerio Público Fiscal explicó que Cantarella, Cuellar, Cari y Gabriela Cazón son juzgados por defraudación a la Administración Pública en concurso con ideal con el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, en calidad de autores.

La misma acusación, pero en grado de tentativa, recae sobre el exconcejal Osvaldo Reynaga. En tanto que Nicolasa Maras, Julio Pedro Laxi y Santos Palma llegaron a juicio por el delito de incumplimiento de deberes, en calidad de autores.

Respecto a estos cuatro imputados, el fiscal ratificó la acusación penal, en la cual resaltó que el subsidio había sido implementado para ayudar a las personas que no tenían relación de dependencia, las más vulnerables ante la medida de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, impuesta para prevenir la ola de contagios en la población.

Toranzos señaló, a su vez, que las pautas de incompatibilidades para los postulantes estaban claramente establecidas en el decreto de implementación, en el que se aclaró que el ingreso de datos, al momento de solicitar el beneficio, tenía carácter de declaración jurada.