12 años, 14 intendentes acusados: el triste récord de la política salteña

El escenario político de Salta vuelve a estar marcado por el escándalo. Varios exintendentes fueron condenados o enfrentarán juicios por gestiones manchadas por la corrupción. Peculado, enriquecimiento ilícito y delitos más graves como trata de personas son algunos de los cargos que pesan sobre quienes alguna vez fueron elegidos para representar y mejorar la vida de los salteños.

Estos casos, lejos de ser hechos aislados, forman parte de un patrón que se repite en cada elección. En los últimos 12 años, al menos 14 intendentes fueron investigados, procesados, juzgados y, en varios casos, condenados. Mientras los municipios quedan sumidos en el abandono, estos funcionarios pasan de la precariedad a la opulencia, utilizando los recursos del Estado en beneficio propio.

Uno de los casos que vuelve a poner el foco en la corrupción es el del exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba. Mañana comenzará el juicio en su contra por peculado. La Auditoría General de la Provincia detectó un faltante de 16 millones de pesos durante su gestión. Pero su caída no se debió a la corrupción, sino a un escándalo de repercusión nacional en 2013, cuando fue descubierto en un cabaret donde se explotaba a mujeres víctimas de trata.

También se confirmaron condenas recientes, como la del exintendente de El Bordo, Juan Rosario "Chicho" Mazzone, quien recibió un año de prisión condicional por negociaciones incompatibles con la función pública. En 2017, ya había sido condenado por corrupción de menores, luego de que se filtraran imágenes suyas en ropa interior junto a adolescentes.

El exintendente de Aguaray, Jorge Prado, fue condenado en 2021 a seis años y seis meses de prisión por el robo y venta ilegal de 228 caños del Gasoducto NEA, valuados en más de 13 millones de dólares. Otros casos, como los de Rubén Méndez (Salvador Mazza) y Rita Carreras (Coronel Moldes), siguen pendientes de juicio por enriquecimiento ilícito y fraude.

A pesar de estas evidencias, la historia se repite en cada elección. El poder político ha protegido a estos funcionarios, permitiendo que muchos de ellos sigan vinculados a la gestión pública o regresen al escenario político tiempo después de sus escándalos.

El 11 de mayo se avecinan nuevas elecciones en Salta, y este contexto debe ser una advertencia. Es el momento de reflexionar sobre la responsabilidad ciudadana a la hora de votar. La democracia se debilita cuando la impunidad se convierte en norma y cuando quienes fueron elegidos para administrar los bienes públicos los utilizan para su enriquecimiento personal. Si no se rompe con este círculo de corrupción y abandono, la historia seguirá repitiéndose, y será el pueblo salteño quien seguirá pagando las consecuencias.