Los abogados de las monjas cargaron contra Cargnello: "Violencia y abuso de poder"

La causa pasó a archivo tras el acuerdo firmado por las denunciantes y el enviado del Papa Francisco, pero la polémica sigue más viva que nunca en la Iglesia. Los abogados de las monjas del Convento San Bernardo solicitaron a la jueza María Carolina Cáceres Moreno que el arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, y los otros denunciados por supuesta violencia de género se capaciten en materia de Ley Micaela, entre otros puntos.

Además, pidieron a la magistrada que registre en la "planilla prontuarial" a los denunciados y requirieron "medidas compensatorias no económicas", además de que se notifique a la Santa Sede de que existieron hechos de violencia.

El planteo de los abogados de las carmelitas descalzas se conoció justo cuando Cargnello se encuentra en el Vaticano, donde hace unos días mantuvo una audiencia con el Papa Francisco, en la que hablaron del conflicto con las monjas y de la posición de la Iglesia sobre la "Virgen del Cerro". Regresará a Salta pasado mañana.

Un segmento del texto que se presentó en los tribunales salteños hace referencia a "patrones socioculturales con sesgos de violencia expresa dentro de la Iglesia", lo que encendió las alarmas en el Vaticano, que había enviado a un representante para terminar con la cuestión.

Según consignó La Nación, la presentación subraya que la conducta de los denunciados "debe ser sancionada, reparada y prevenida a través de las medidas compensatorias no económicas solicitadas en este libelo a fin de que los agresores no sean protegidos por la investidura que detentan".

También apunta que la "conducta asumida por los victimarios a partir de la denuncia, constituyen indicios ciertos de que probablemente se repitan respecto de estas mujeres que por su condición de monjas de clausura son particularmente vulnerables a la violencia".

A una semana de la posibilidad de archivo de la causa, iniciada el 12 de abril por la denuncia de las hermanas contra el arzobispo y otros cuatro religiosos por supuesta violencia de género y económica, los abogados José Viola y Claudia Zerda Lamas, en representación del Monasterio San Bernardo de Carmelitas Descalzas de Salta, presentaron el escrito.

Cabe recordar que los otros denunciados son el obispo visitador del convento Martín De Elizalde; el cura ayudante de la Catedral, Lucio Ajalla, y el vicario judicial, Sancristóval Loyola Pinto.

La fuerte presentación judicial

Los abogados de las monjas plantean a la Justicia que ordene a todos los denunciados realizar la capacitación de la llamada "Ley Micaela". Al entender de los letrados, "ha quedado claramente demostrado la existencia de patrones socioculturales con sesgos de violencia expresa dentro de la Iglesia, que conforme la normativa vigente no debiera existir, siendo absolutamente necesario derribar esa asimetría de poder de la que se hizo uso y abuso de poder ejercido a lo largo de los años con las hermanas carmelitas del Convento San Bernardo".

Plantean que los votos de obediencia hechos por las monjas no implican que deba haber "sumisión" al arzobispo.

En otro párrafo, describen que los hechos planteados eran "en razón de adherir las hermanas a la advocación de la ‘Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús', que el arzobispo no comparte; mucho peor aún, combate abiertamente, cosa que no ocurría con monseñor Julio Blanchoud". La referencia es al antecesor de Cargnello.

En esa línea, sostienen que la devoción de las monjas por la "Virgen del Cerro" está "en absoluta consonancia con el respeto a la ‘libertad de pensamiento y creencias'" que respaldan ciertos tratados internacionales que enumeran. No mencionan que, como institución, la Iglesia no reconoce a esa devoción.

Otro punto del texto, al que accedió La Nación, pide comunicar a la Santa Sede, a través de la Nunciatura Apostólica de la República Argentina, que "han existido hechos de violencia económica, psicológica y física" por parte de los denunciados "a fin de que se arbitren los medios para que dichas conductas no se repitan hacia adelante y, además, ello sea considerado a los fines de los roles presentes y futuros que tales personas tienen y/o pudieran tener en el seno de la Iglesia".

Como hechos de "violencia económica" apuntan "la negativa" de Cargnello a enviar a una persona "para que se realicen las elecciones democráticas de la priora", sabiendo que con ello generaba la imposibilidad real de tener una firma "con oponibilidad a terceros", y el pedido por parte del arzobispo de US$9000 en la crisis de 2001 que no fueron devueltos. Los letrados piden que se considere una "obligación moral" del arzobispo restituir ese dinero al convento.