La Conferencia Episcopal del país sudamericano ha reafirmado su decisión de no recibir los fondos establecidos por una ley de la dictadura, a la cual la institución renunció en 2018.
Realizaron una presentación judicial y pidieron que se tomen medidas compensatorias no económicas para prevenir posibles hechos a futuro. Apuntaron contra el arzobispo de Salta y los otros denunciados.
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