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Finaliza el juicio a dos hermanas por administración fraudulenta de donaciones en Tartagal

Parte de los bienes fue vendida o almacenada con fines políticos, según la investigación.

Este jueves concluyó la etapa de testimoniales en el juicio que se sigue contra Rosa Fabiola Díaz, exdefensora oficial de Tartagal, y su hermana, la exconcejal Alejandra Paola Díaz, acusadas de administración fraudulenta de bienes donados a comunidades originarias durante el año 2020. El proceso judicial, presidido por el juez Aníbal Burgos en la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, continuará este viernes a las 15 horas con los alegatos, y se espera que el veredicto se conozca al finalizar la jornada.

El fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, representa al Ministerio Público Fiscal en la causa, donde Rosa Fabiola Díaz enfrenta cargos por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y administración fraudulenta en concurso real. Por su parte, Alejandra Paola Díaz está imputada como coautora del delito de administración fraudulenta de bienes ajenos.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por Sandra Díaz, quien señaló que las acusadas almacenaban bienes donados por la Fundación Nobles (Santa Fe) en un inmueble familiar. Estas donaciones, destinadas a comunidades originarias, habían sido recolectadas con ayuda del grupo "Corazones Solidarios", del cual ambas hermanas formaban parte.

Las pruebas recolectadas -entre ellas informes policiales, registros de allanamiento, notas de caciques de comunidades y testimonios- revelaron que parte de los bienes fue vendida, mientras que otra parte permanecía almacenada con la intención de ser utilizada en una futura campaña electoral de Paola Díaz. Además, se estableció que la madre de las acusadas, Zulema Hurtado, también vendía prendas y calzados de las donaciones, con conocimiento y participación de sus hijas.

La acusación contra Rosa Díaz también incluye faltas graves en el ejercicio de su cargo como defensora oficial, según una denuncia del entonces Defensor General Pedro García Castiella, que detalló irregularidades como trámites abandonados y una notoria inacción en la atención a los asistidos.

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