Premiaron a la concejal que choreó donaciones: porqué ya no está presa

Su vida tras las rejas fue muy corta, pese a que lo que hizo es muy grave y que el escándalo tomó repercusión nacional. Hablamos de Paola Díaz, la concejal salteña que es investigada por el robo de donaciones para comunidades wichí del norte. Este viernes se supo que la Justicia salteña la mandó a su casa. 

Fue el juez de garantías Nelson Aramayo quien hizo lugar al pedido del defensor oficial de otorgarle prisión domiciliaria. La edil se encontraba desde el lunes anterior alojada en la Comisaría de la Mujer en la Unidad regional N° 4 de Villa Saavedra, pero por el cuadro sanitario de la hija internada en grave estado tras un siniestro vial, el magistrado hizo lugar al pedido de la defensa.

La hija de la edil sufrió un grave accidente automovilístico el viernes pasado, cuando el Mini Cooper en el que la adolescente circulaba volcó en la salida norte de Tartagal a consecuencia de la alta velocidad. El joven de 19 años que conducía el rodado también permanece internado con pronóstico reservado.

Por otra parte, el juez Aramayo hizo ayer lugar al pedido de allanamiento de inmunidad de la defensora oficial civil Rosa Díaz que fuera requerido por el fiscal penal Rafael Medina en la causa por "administración fraudulenta de bienes ajenos no propios" (artículo 173 del Código Penal).

A solicitud del presidente de la Corte de Justicia y titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del poder Judicial y Funcionarios del Ministerio Público Guillermo Catalano, el juez remitió copias de todas las actuaciones en la causa. En los términos del artículo 160 de la Constitución de la Provincia, también es atribución del Jurado de Enjuiciamiento "allanar la inmunidad de los magistrados y funcionarios del Ministerio Público cuando se formule contra ellos acusación por delitos comunes".

El juez Aramayo enviará lo resuelto al Jury requiriendo formalmente el allanamiento de inmunidad requerido por el Fiscal. En relación a la entrega de elementos secuestrados en los allanamientos realizados el fin de semana, el juez requirió a la Fiscalía que precise qué misiones o caciques serán las beneficiarias en respuesta al pedido de entrega como "medida para mejor proveer".

El juez pidió también que se precisen los elementos a entregar y se confeccione el inventario respectivo para que se determine previo a la entrega si es que hacen al objeto de la prueba o no. Aramayo explicó esta situación a caciques de comunidades y la entrega se hará conforme a ley de secuestro.