Emergencia energética: el Gobierno autorizó subir todas las tarifas

El Gobierno Nacional ha anunciado la declaración de emergencia en el sector energético, tomando la decisión de intervenir en los entes reguladores de electricidad (ENRE) y gas (ENARGAS). La medida fue oficializada a través del Decreto 55/2023, publicado en el Boletín Oficial el pasado lunes.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y su Gabinete, establece la emergencia para los "segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural".

Según lo indicado en la Resolución, la declaración de emergencia en el Sector Energético Nacional y las acciones que de ella deriven tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. El artículo 2° instruye a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, a establecer mecanismos para la fijación de precios en condiciones de competencia y libre acceso. Esto con el objetivo de mantener los niveles de ingresos en términos reales, cubrir las necesidades de inversión y garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para prestadores y usuarios de todas las categorías.

El decreto también ordena la revisión tarifaria, especificando que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024. Asimismo, autoriza a la Secretaría de Energía para designar a los interventores del ENRE y el ENARGAS, quienes serán responsables de informar sobre el cumplimiento de los procesos de renegociación y llevar a cabo los procesos de revisión tarifaria. Durante este proceso, se podrán aprobar ajustes transitorios de tarifas y ajustes periódicos para garantizar la continuidad y la normal prestación de los servicios públicos involucrados.

En los considerandos del decreto, se destaca la situación crítica del sector, caracterizada por la obsolescencia creciente de los activos de las empresas prestadoras, la falta de adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura, y los problemas derivados de la falta de renovación y ampliación de las redes.