Municipios intervenidos: una historia que se repite de gestión en gestión

La intervención de Aguaray aprobada en la última sesión de la Cámara de Diputados expuso la fragilidad institucional de los municipios cuyas intendencias han sido fuertemente cuestionadas. En la última década, se han registrado al menos otras 4 intervenciones aprobadas por el Poder Legislativo, en su mayoría, todas involucran hechos escandalosos de los jefes comunales.

En el año 2008 el Poder Legislativo de la Provincia aprobó la intervención de Payogasta, en el medio de serios cuestionamientos, ya que no estaba del todo clara la naturaleza de la misma, lo cierto es que a fuerza de oficialismo se concretó y el gobernador Juan Manuel Urtubey, pese a las críticas, designó a su esposa, Ximena Saravia Toledo a cargo del saneamiento de dicho municipio. Este proceso duró 6 meses y según los reportes oficiales se "encaminó las finanzas del municipio".

Más tarde, un escándalo con hechos delictivos preocupantes dio paso a la intervención de Salvador Mazza. El por entonces intendente, Carlos Villalba fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en un cabaret al mismo tiempo que rescataba a más de 60 mujeres víctimas de Trata de Personas. Mientras Villalba aseguraba que era la casa de una amiga y que no sabía que ahí funcionaba un cabaret, los legisladores aprobaron la intervención pues la crisis institucional así lo ameritaba. Mercedes Junco, alias Mecha, fue quien asumió al frente del municipio fronterizo aun cuando los pobladores señalaban incompatibilidades, dado que Junco había trabajado en la campaña electoral a la par de Villalba. El saliente intendente quedó en libertad, no hubo mayores datos de la intervención y el municipio terminó en manos de Rubén Méndez, destituido por el Concejo Deliberante y salvado por la Corte de Justica.

Uno de los casos que más recordará el pueblo de Salta es sin dudas es el de Juan del Rosario Mazzone, alias Chicho, en El Bordo. Poca relevancia tuvieron los audios que publicó el tribuno en los que se hablaba de enormes sobreprecios, pero las fotos que recorrieron todo el país fueron un antes y un después para la historia de ese pequeño municipio de General Güemes. Chicho fue acusado de corrupción de menores y las fotos con cartón en mano así lo demostraron. Una vez más el Poder Legislativo se lanzaba la cruzada por la institucionalidad y desplazaba al jefe comunal, en el cargo de interventor, el gobernador Urtubey pondría a Matías Assennato, eterno candidato y ex referente de la Unión Cívica Radical (UCR) que se acopló al tren del ex mandatario salteño. Los resultados no fueron muy distintos de lo ocurrido en Salvador Mazza, solo que esta vez Mazzone fue condenado a 3 años de prisión condicional.

El caso más cercano al imputado por el Robo del Gasoducto NEA es el de Coronel Moldes. En este municipio del Valle de Lerma no hubo un escándalo colosal como los antes descritos, pero podemos recordar que se encontraba al borde de un estallido. Trabajadores denunciaban falta de pago, las manifestaciones crecían y las advertencias de un municipio tomado fueron los disparadores de la decisión de los diputados y senadores. Osvaldo Darío García fue un intendente poco conocido a nivel provincial, pero que en muy poco tiempo se ganó el repudio de todos en Moldes, en su lugar, asumió como interventor Rodolfo Antonelli, alias Conejo, quien confirmó la terrible situación municipal. Actualmente, la fiscal Verónica Simesen de Bielke pidió la captura del ex intendente por serias irregularidades durante su gestión, en el caso del interventor Antonelli, fue acusado por quien asumiría en el cargo de intendenta, Rita Carreras sobre un faltante millonario.

Ahora la Cámara de Senadores deberá definir el futuro de Jorge Enrique Prado. Su imputación por robo y fraude, además de la falta de respuestas a los pedidos de transparencia de los aguarayences podrían ser el final de su corta carrera política. Cabe recordar que Prado asumió el 10 de diciembre de 2019 y que firmó su sentencia solo 10 días después con la Resolución 1215, la que autorizó a la empresa mendocina OSYP a extraer los caños del Gasoducto NEA. Lo que todos se preguntan a estas alturas es quien reemplazaría al jefe comunal, de aprobarse el proyecto en la Cámara Alta Provincial.