Es oficial: la Iglesia dejó de recibir aportes del Estado

La Conferencia Episcopal Argentina confirmó el cese del aporte económico del Estado a los arzobispos y obispos del país, efectivo desde el último día del año anterior. Este proceso de renuncia, que se había iniciado cinco años atrás, supone el fin de una asignación mensual para los prelados, junto con otras ayudas menores.

Aunque la suma total era modesta y constituía aproximadamente el 7 % del presupuesto de la Iglesia, generaba controversias por ser una contribución permanente a una religión en un Estado no confesional. Esta ayuda se había instaurado mediante una ley de la última dictadura argentina.

Con el artículo 2 de la Constitución, que sostiene al culto católico, la ley 21.950 de 1979 estableció que los arzobispos y obispos percibieran una asignación equivalente al 80% de la remuneración del juez nacional de primera instancia. No obstante, esos montos no se actualizaban desde hace años. En 2018, durante el debate por la legalización del aborto, el gobierno de Mauricio Macri presentó ante el Congreso la situación a petición de la diputada Carla Carrizo, lo que instó a la Iglesia a iniciar este proceso de renuncia al aporte estatal.

La Iglesia propuso, desde entonces, un proceso para su autosostenimiento basado en la contribución de sus fieles. Este cambio responde a un debate interno que se remonta a los años '90, apuntando a la independencia del Estado, en un país con un pontífice argentino.

Este cambio coincide con las declaraciones del nuevo presidente, Javier Milei, quien ha advertido sobre la carencia de fondos, y marca un hito en el camino hacia la separación entre la Iglesia y el Estado, que aún está en proceso de concretarse.