Vacunas VIP: un funcionario de Salta eligió "a dedo" a su personal para inocularse

Parecía ser que Salta no quedaría envuelta en el escándalo de la aplicación privilegiada de las vacunas Sputnik V a personas que no se encuentran en la "primera línea" de acción contra el coronavirus, pero eso cambió en las últimas horas. El Ministerio Público Fiscal investigó una sospecha y detectó que dentro de su propia estructura, un funcionario eligió "a dedo" al menos a 50 personas de su área y les facilitó el acceso al inoculante. Ahora está imputado. 

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó este jueves al jefe del Departamento Técnico Científico del CIF, Pedro Dilmar Villagrán, por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal y en carácter de autor. 

Según el informe oficial, Villagrán, en su condición de Jefe del Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigadores Fiscales con funciones en Seguridad e Higiene, y abusando de sus facultades solicitó al Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, la cantidad de 50 vacunas (SPUTNIK-V) contra la COVID-19. Las distribuyó el 4 de febrero último y según su propio criterio entre el personal del CIF. 

Los inoculados no cumplirían con los criterios de prioridad epidemiológicos y de esquema de prioridades diseñado para la aplicación de la vacuna, el cual fue establecido por el Ministerio de Salud Pública Nacional y Provincial y conocido a través de los medios de difusión.

También sostiene la fiscal que Villagrán realizó la gestión de adjudicación de vacunas contra el COVID-19 ante el programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública de Salta, por sus propios medios y sin poner en conocimiento a sus superiores, sobre la gestión realizada, la adquisición, el destino y la distribución de las vacunas. Tampoco informó a la Jefa del Servicio Médico del Ministerio Público, quien es la persona idónea para determinar quién es el personal de riesgo y por lo tanto, a quién le corresponde la aplicación de dicha vacuna. 

La intervención de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos inició el 18 de febrero pasado, a partir de las actuaciones administrativas iniciadas ocho días antes, y que fueron remitidas por el Procurador General a la Unidad Fiscal en cuestión.