Escándalo en el PAMI Salta: tras el allanamiento, la situación es "insostenible"

Uno de los temas más preocupantes de esta semana fue el escándalo que se destapó en el PAMI, la obra social de los jubilados, en Salta. Mientras se investiga la retención de fondos para solventar a la agrupación kirchnerista La Cámpora y el nombramiento "a dedo" de funcionarios, los empleados sostienen que la atención es deficiente por falta de gestión y la situación puertas adentro "es insostenible".

Todo comenzó luego de que condenarán a ex gerentes del organismo por el cobro indebido de los IFE, y estos declarara que existía una supuesta retención obligatoria de un porcentaje del sueldo, lo que motivó a la Justicia a abrir otra investigación que cayó en manos del fiscal federal Ricardo Toranzos. En ese marco se ordenó allanamientos a las oficinas en la capital provincial. 

Al respecto, desde el sindicato SUTEPA reclamaron por la cantidad de personas que ingresaron a trabajar en el organismo, y que ninguna es un profesional médico. Allí describió que existen solo 5 auditores para atender a más de 70 mil afilados y que en Salta no se prestan, por ejemplo, servicios de flebólogos, reumatólogos ni neurólogos, al no contar con ningún de esos especialistas en el plantel.

También remarcan la poca cantidad de trabajadoras sociales, al tiempo que señalan que sumaron nuevo personal sin ningún tipo de calificación.

Los trabajadores puntualizan que este proceso de degradación arranca con el macrismo, pero que tuvo continuidad con la actual gestión encabezada por Molina.

El secretario general de SUTEPA, Matías Scalabrini, señaló que "todo esto no es más que una consecuencia de una situación que se viene dando desde hace años y que hoy llega a un punto que es insostenible", por ello reclaman la intervención directa de las autoridades nacionales para evitar que se siga deteriorando la situación.

En marzo de este año las constantes quejas sobre la calidad de atención en Anses, motivaron una intervención desde Buenos Aires que derivó en el desplazamiento de ambos jefes de UDAI, Vera y Susana Aramayo, quienes fueron reemplazados por dos empleados del organismo.