La postura que tomó la salteña detenida por amenazar a Massa cuando ganó Milei

Tres de los imputados en relación con las amenazas a la familia del ministro de Economía y excandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, optaron por mantenerse en silencio durante la declaración de hoy, solicitando además ser liberados. Mientras tanto, la investigación avanza para determinar posibles conexiones entre ellos y la posible participación de otras personas, según informaron fuentes judiciales.

En el caso, los imputados, cuatro hombres y una mujer de edades comprendidas entre 18 y 35 años, fueron arrestados en diversas ubicaciones del país, como Córdoba, Chaco, Ciudad de Buenos Aires y Salta, según detallaron las fuentes de la investigación.

Cuatro de los implicados fueron detenidos en el periodo previo a las elecciones, mientras que el quinto, que no fue privado de su libertad, solicitó posponer su declaración.

Los acusados dirigieron amenazas a la familia de Massa, especialmente a su hijo varón, empleando mensajes como "te vamos a matar", "no podrás vivir en paz" o "dile a tu padre que se retire de la elección o no caminarás más por las calles de Buenos Aires", según pudo reconstruirse.

Fuentes vinculadas a la investigación resaltaron que estas instancias judiciales evidencian que "el anonimato en las redes ya no es gratuito", enfatizando que este tipo de delitos modernos pueden resultar en sanciones severas. También indicaron la necesidad de evaluar la posible responsabilidad de las empresas que gestionan las plataformas virtuales en la propagación de este tipo de mensajes amenazantes, instando a su colaboración para frenar la proliferación del discurso de odio.

Todas las detenciones relacionadas con el caso se llevaron a cabo como resultado de una investigación realizada por la Policía Federal (PFA) a través del Área de Cibercrimen y el Departamento de Investigación Antiterrorista. Esta pesquisa se centró en las amenazas recibidas por la familia Massa en las redes sociales de Instagram y TikTok. Durante los operativos de allanamiento y detención, las dependencias de la PFA en las provincias de Córdoba y Chaco colaboraron, logrando incautar dispositivos utilizados en la presunta actividad delictiva, como teléfonos y computadoras, según informaron las fuentes judiciales.