Por amplia mayoría, el peronismo nacional ratificó la intervención en el PJ Salta

En una jornada marcada por tensiones políticas y fallos judiciales, el Congreso Nacional del Partido Justicialista ratificó este miércoles la intervención del PJ Salta, que había sido dispuesta en febrero por el Consejo Nacional. Con 451 votos afirmativos y apenas 38 negativos, el órgano partidario máximo reafirmó la decisión de desplazar a las autoridades del distrito norteño, en abierta contradicción con el fallo de la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, que horas antes había declarado la nulidad de la intervención.

El argumento central del Consejo Nacional del PJ fue el supuesto alineamiento de legisladores salteños con el oficialismo nacional -entre ellos, Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega, hoy en el bloque Innovación Federal-, lo que habría significado una "afrenta doctrinaria" al ideario justicialista. Sin embargo, para la Justicia esto no justifica la remoción de autoridades electas por los afiliados.

En su fallo, Servini cuestionó la competencia del Consejo para aplicar una medida de semejante magnitud y remarcó que sólo el Congreso Nacional está habilitado estatutariamente para intervenir un distrito. También consideró que los fundamentos fueron "arbitrarios" y no respondieron a situaciones institucionales anómalas en Salta.

"La mera discrepancia política o la votación legislativa disidente no constituyen, por sí solas, justificación para una intervención", sostuvo Servini. Y concluyó que la medida fue inválida "por no haber sido adoptada por el órgano competente y por carecer de causa justa y lícita", según informó Página12.

Pese al fallo judicial, el Congreso Nacional justicialista se reunió por Zoom y ratificó la intervención, cumpliendo así con el procedimiento formal que la jueza había señalado como el único válido. La mayoría de los congresales coincidieron en la necesidad de "enderezar lo que se torció" y evitar la "provincialización de un partido nacional".

La decisión cayó como un baldazo de agua fría en la conducción salteña del PJ. Esteban Amat Lacroix, presidente del distrito desplazado, que había logrado respaldo judicial a su gestión, enfrenta ahora una nueva realidad: la intervención cuenta con el aval del máximo órgano partidario, en línea con los requisitos legales reconocidos por la propia Justicia.

Desde Salta, las críticas no tardaron en llegar. En la Cámara de Diputados provincial, la diputada por Orán, Patricia Hucena, calificó la medida como "un atropello desde Capital Federal". En la misma línea se expresó Germán Rallé, presidente del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción.

La intervención del PJ salteño evidencia una disputa más profunda: quién tiene el control del partido en la provincia, quién define candidaturas y alianzas, y desde dónde se toman esas decisiones. Mientras tanto, el PJ local permanece en una situación institucional ambigua: con un fallo que anuló la primera intervención, pero con una ratificación formal posterior que la reinstala, ahora sí desde el órgano competente.

En palabras de la propia Pamela Calletti, "el Consejo Nacional del PJ no tenía competencia porque esa es una atribución del Congreso Nacional". Sin embargo, ahora que el Congreso convalidó la medida, la discusión se traslada nuevamente al plano judicial, donde seguramente continuará por la vía de las apelaciones.

Por el momento, el PJ Salta transita un limbo institucional que refleja las profundas grietas dentro del peronismo nacional y provincial.