Imputaron a funcionarios de la anterior gestión municipal por las obras en la Plaza 9 de Julio

La Justicia avanza en una investigación que compromete a ex funcionarios municipales y empresarios del rubro de la construcción por presuntas maniobras fraudulentas que habrían generado pagos por trabajos no realizados, utilizando certificados de obra falsos y contando con el posible encubrimiento de autoridades comunales. Uno de los casos más relevantes en el expediente es la remodelación de la Plaza 9 de Julio, considerada una obra "emblemática" por la anterior gestión municipal.

La fiscal penal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a una inspectora de obra de la Secretaría de Obras Públicas, a dos hermanos socios de una empresa constructora de ingeniería civil y a su representante técnico, por los delitos de falsedad ideológica de documento público en concurso ideal con fraude a la administración pública (seis hechos), en concurso real.

Además, tanto los empresarios como la inspectora y el representante de la firma fueron imputados por otros hechos adicionales de falsedad ideológica, tras detectarse la emisión de informes con datos falsos sobre avances de obra inexistentes, que sirvieron para emitir facturas y adelantar pagos desde el municipio.

La fiscal también imputó a un exsecretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Salta, acusado de encubrimiento por omisión de denuncia, al considerar que tenía conocimiento del expediente que contenía las inconsistencias entre los certificados presentados y el avance real de los trabajos. Durante la audiencia, el exfuncionario decidió ejercer su defensa sin abogado.

En tanto, un exsubsecretario de Obras Públicas y otra inspectora municipal solicitaron prórroga para su declaración indagatoria y fueron citados a una nueva audiencia.

La investigación comenzó a fines de 2023, cuando el Procurador General del municipio detectó un expediente con posibles irregularidades vinculadas a pagos por obras no ejecutadas. Según reveló, el entonces subsecretario de Obras Públicas habría ordenado certificar avances ficticios con el objetivo de liberar fondos y comenzar nuevas intervenciones sin cumplir con los procesos legales, como licitaciones o contrataciones formales.

Los informes falsos habrían sido firmados por inspectoras municipales y el representante técnico de la empresa, inflando el porcentaje de avance real de al menos seis obras distintas, lo que generó un grave perjuicio económico al municipio. Las certificaciones apócrifas fueron utilizadas por el subsecretario para tramitar pagos y continuar con obras que no habían sido aprobadas debidamente.

Desde la UDEC indicaron que los imputados habrían actuado en conjunto pero con roles diferenciados: los empresarios como responsables de la firma adjudicataria, su empleado como representante técnico, y las funcionarias municipales como inspectoras de obra. El rol del subsecretario de Obras Públicas fue clave en la cadena administrativa para validar y elevar los documentos que permitieron el fraude.