Nuevo ajuste: el Gobierno cortó todas las horas extras a empleados estatales

En el marco de una estrategia para reducir los gastos públicos, el Gobierno liderado por el Presidente Javier Milei ha puesto en marcha un plan que busca recortar las horas extras de los trabajadores del Estado. Esta medida, parte del plan de reducción de gastos anunciado al inicio de su mandato, ha generado fuertes resistencias por parte de los sindicatos que representan a los empleados estatales.

Una auditoría sobre los salarios de los empleados estatales reveló casos en los que más de la mitad del salario de algunos trabajadores está compuesto por horas extras y adicionales. Este relevamiento, realizado en cumplimiento del Decreto 84/2023, llevó a dar de baja unos 7.000 contratos de personal temporario que vencían a fines del año pasado.

La auditoría identificó situaciones donde trabajadores de "categorías bajas", como choferes, mozos, personal de seguridad y administrativos de baja calificación, reciben una parte significativa de sus ingresos a través de horas extras y adicionales asignados a diversas dependencias gubernamentales. Como ejemplo, citan el caso de un empleado que tiene un sueldo básico de $178.225 y una "compensación" de $162 mil, entre otros suplementos, sumando un total de $473 mil de bolsillo.

El área de Empleo Público de Jefatura de Gabinete, coordinada por Armando Guibert y el subsecretario de Modernización, Martín Bocacci, coordinó la revisión de contratos de estos trabajadores.

El gobierno ha instado a los ministerios a implementar el plan de recorte de horas extras y adicionales, suspendiendo la asignación de horas extraordinarias. Esto implicará un cambio significativo, ya que las horas extras deberán ser solicitadas a los empleados por las máximas autoridades de cada organismo, en lugar de asignarse de manera preestablecida.

Aunque el impacto directo en los salarios de los empleados estatales es visible, el gobierno busca visibilizar estos recortes como parte de un ajuste necesario, fortaleciendo el discurso de que "el ajuste lo paga la política". Estas medidas se suman a otros recortes que afectarán a la población en general, como la quita de subsidios al combustible y servicios, en busca de alcanzar un superávit fiscal del 2% del PBI, compromiso establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional anunciado recientemente.