Organismos de derechos humanos presentaron amparo contra la "Operación Roca" en Salta

Organismos de derechos humanos de Salta presentaron este martes una acción de hábeas corpus colectivo preventivo ante la Justicia Federal de Orán, con el objetivo de frenar la implementación de la denominada "Operación Presidente Julio Argentino Roca", que prevé el despliegue de tropas militares en zonas de frontera para tareas de vigilancia y control, en el marco del Plan Güemes impulsado por el gobierno nacional.

La presentación, patrocinada por el abogado Martín Plaza, fue dirigida al juez federal Gustavo Montoya, con competencia en los departamentos salteños de Orán, San Martín y Rivadavia. El escrito solicita que se prohíba la participación de las Fuerzas Armadas en detenciones de civiles, al considerar que los decretos 1107/24 y 1112/24 y la resolución ministerial 347/24, firmadas por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa Luis Petri, violan la Constitución Nacional y leyes vigentes como la Ley de Defensa Nacional.

El amparo destaca que estas normas modifican por decreto misiones que fueron establecidas por el Congreso para las Fuerzas Armadas, permitiendo su intervención en "agresiones externas" sin definir su naturaleza, lo que, a criterio de los peticionantes, "flexibiliza peligrosamente" los límites para el accionar militar, poniendo en riesgo a la población civil, especialmente en zonas vulnerables.

Uno de los puntos más cuestionados es el carácter secreto de las Reglas de Empeñamiento, que regulan cómo deben actuar las Fuerzas Armadas. Según el escrito, esta falta de publicidad genera zozobra, inseguridad jurídica y vulnera el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno. Por ello, el amparo exige la inmediata desclasificación de esas reglas.

"La utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno sin límites claros, con objetivos civiles, competencias difusas y sin control democrático, constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos y seguridad pública", señalaron los organismos en conferencia de prensa tras la presentación judicial, según informó Página12.

Durante la exposición, los referentes afirmaron que la Operación Roca no tiene como objetivo central el combate al narcotráfico ni a las mafias organizadas, sino el hostigamiento a trabajadores informales y personas migrantes que viven en las fronteras norteñas.

Como prueba, recordaron que tras la implementación del Plan Güemes, se registraron dos asesinatos a manos de fuerzas de seguridad: el del bagayero Fernando Gómez en Aguas Blancas, y el de Rodrigo Torres en La Quiaca, Jujuy. Por el primero de los hechos, cinco gendarmes están imputados.

"El despliegue militar no busca prevenir el narcotráfico sino castigar la pobreza", denunciaron, y remarcaron que se trata de un uso innecesario de recursos estatales, que solo profundiza la violencia institucional y social en las regiones fronterizas.

El Comité Contra la Tortura de Salta, a través de su presidente Rodrigo Solá, se sumó a la acción judicial. Solá expresó su preocupación por la concentración de poder en el Ministerio de Defensa, al definir unilateralmente los objetivos estratégicos, y criticó la posibilidad de que el Ejército determine por sí mismo situaciones de flagrancia para proceder a detenciones.