Armó su casa con plata de la muni: condenaron al intendente de Animaná

José Rolando Guaimás, conocido como "Tata" y quién es intendente de la localidad de la vendimia, fue condenado a dos años y seis meses de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua por peculado.  Mientras que Romina Alejandra Guanca, empleada municipal, también fue condenada a dos años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua por el mismo delito.

Las condiciones de la condena establecidas son que el intendente de Animaná, debe fijar domicilio y someterse al cuidado del patronato de presos durante dos años y medio.

Además, se le prohíbe el uso de estupefacientes y el abuso del consumo de bebidas alcohólicas, y se le impide acercarse a la persona, domicilio o lugares frecuentados por el denunciante. En el caso de Guanca, las reglas de conducta son las mismas durante dos años.

En caso de incumplimiento de estas reglas de conducta, la pena condicional podría ser revocada. La condena se relaciona con la realización de una obra en un domicilio particular en la ciudad de Salta, utilizando mano de obra y recursos del municipio de Animaná.

Este fallo es relevante ya que Guaimás fue elegido para un segundo mandato como intendente en las elecciones de mayo, y su segundo período debía comenzar el 10 de diciembre. La acusación se basó en los testimonios de vecinos que presenciaron la utilización de recursos municipales en una propiedad privada sin la debida señalización de obra pública.

Cómo lo descubrieron a Guaimás y a Guanca

La acusación contra el intendente Guaimás surgió a raíz de denuncias realizadas por vecinos del barrio Juan Carlos García Basalo, que está ubicado en la zona oeste alta de la ciudad de Salta, a pocas cuadras del Centro Cívico Grand Bourg.

Estos vecinos informaron sobre la presencia de camiones que tenían la inscripción de la Municipalidad de Animaná en un terreno específico, pero no había ninguna señalización que indicara que se trataba de una obra pública.

Lo que llamó la atención de los vecinos fue que la residencia en cuestión pertenecía a una mujer que trabajaba como empleada municipal, y uno de los albañiles involucrados en la obra también tenía vínculos laborales con el municipio.

Estas circunstancias llevaron a sospechas de que los recursos municipales estaban siendo utilizados en una propiedad privada sin la debida transparencia ni autorización. Como resultado de estas denuncias, se inició una investigación que dirigió a las condenas por peculado contra Guaimás y Guanca.