El gobierno presentó la "versión revisada" de la Ley Ómnibus: cuáles son los cambios

En un giro significativo, el Gobierno argentino presentó una versión revisada de la polémica Ley Ómnibus, después de intensos debates y negociaciones con la oposición. La nueva propuesta, que consta de 286 artículos, refleja un delicado equilibrio entre las partes involucradas, pero aún genera interrogantes sobre sus implicaciones y consecuencias.

Uno de los aspectos más controvertidos, el capítulo fiscal, experimentó ajustes sustanciales, incluyendo modificaciones en el paquete fiscal y previsional propuesto por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, así como en el régimen de hidrocarburos.

En el Congreso, el escenario de debates y tensiones políticas, la versión final de la Ley Ómnibus fue delineada a través de arduas discusiones en las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, y Presupuesto y Hacienda. Aunque se lograron consensos, persisten dudas en torno a su alcance y aplicación.

Desde la oposición, se mantiene una postura abierta a nuevos acuerdos, particularmente en temas relacionados con la salud pública y la delegación de poder del Poder Legislativo al jefe de Estado. El presidente Javier Milei espera obtener la aprobación en la Cámara de Diputados, confiando en el respaldo de los bloques dialoguistas.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación de dos capítulos que generaron amplio rechazo: la disolución de organismos gubernamentales como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y las regulaciones ambientales.

  Hubo cambios en el paquete fiscal y previsional propuesto por el ministro de Economía Luis Caputo, así como en el régimen de hidrocarburos.   

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló en una entrevista radial que se alcanzó un acuerdo en la Ley Ómnibus, destacando la salida de empresas como YPF de la lista y la negociación de diversos puntos.

A medida que la Ley Ómnibus avanza en el proceso legislativo, la sociedad argentina observa de cerca los cambios implementados y sigue evaluando el impacto de esta legislación integral en la vida cotidiana y en la estructura del país.