En el alegato final del juicio, el fiscal general Carlos Martín Amad, a cargo del área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta junto al fiscal ad hoc, Juan Manuel Sivila solicitaron que Marcos Jacobo Levín, expropietario de "La Veloz del Norte," sea condenado a 25 años de prisión por su participación como instigador en delitos de privación ilegal de la libertad, con abuso funcional agravado por violencia y amenazas, y por la imposición de tormentos, todo ello agravado por ser las víctimas perseguidas políticas. Se trata de un caso en el que 17 trabajadores de la empresa fueron víctimas de estos crímenes.José Antonio Grueso, exjefe de personal de la firma, enfrenta una pena solicitada de 23 años, considerando su rol como partícipe necesario en privaciones ilegales de libertad con abuso funcional agravado por violencia y amenazas, y por imposición de tormentos.Mientras que para Víctor Hugo Almirón, exjefe de la Comisaría Cuarta de la Policía de Salta, también pidieron una pena de 23 años, como autor mediato de privación ilegal de la libertad, con abuso funcional agravado por violencia y amenazas, y por imposición de tormentos.Los fiscales que presentaron estos pedidos de pena destacaron la calidad de delitos de lesa humanidad de estos hechos y describieron el caso como un "accionar conjunto de las fuerzas estatales represivas y el empresariado," dirigido a disciplinar al movimiento obrero. Este juicio es un paso significativo en el esclarecimiento de crímenes cometidos en el pasado en el país, durante la dictadura militar y en la búsqueda de justicia en casos de violaciones a los derechos humanos.El tribunal que lleva a cabo este juicio deberá tomar una decisión en relación con las penas solicitadas. Este proceso se llevó a cabo tanto de manera presencial como por vía remota y se espera una resolución en el futuro próximo. El juicio se lleva adelante desde el 3 de octubre pasado.
