Comienza el juicio por estafas contra Leonardo Cositorto y Generación Zoe en Salta

Este jueves 29 de mayo comenzará en Salta uno de los juicios más esperados y relevantes en materia de delitos económicos en la provincia. El proceso judicial tiene como principal acusado a Nelson Leonardo Cositorto, fundador y ex CEO de Generación Zoe, quien será juzgado por 118 hechos de estafa y asociación ilícita, en calidad de jefe u organizador de una red delictiva que operaba con un esquema piramidal.

El juicio se desarrollará en la Sala I del Tribunal de Juicio, en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial de Salta, y estará presidido por el juez Martín Pérez, con la participación de los vocales Leonardo Feans y Javier Araníbar. Se prevé que el debate oral y público se extienda durante al menos un mes y contará con la declaración de más de 160 testigos.

Cositorto fue trasladado días atrás desde una cárcel de Corrientes y actualmente se encuentra alojado en la Alcaidía General de Salta para garantizar su presencia durante el proceso.

Además de Cositorto, también serán juzgados Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz, todos acusados como coautores de los mismos delitos. La fiscal penal subrogante Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), estará a cargo de la acusación en representación del Ministerio Público Fiscal.

La investigación se inició en 2022, luego de numerosas denuncias de damnificados que señalaron a Generación Zoe como responsable de maniobras fraudulentas mediante una supuesta plataforma de inversiones y formación financiera. La firma operaba en Salta desde una sede ubicada en calle Pellegrini 782.

Según el Ministerio Público Fiscal, la operatoria consistía en ofrecer "membresías educativas" que simulaban ser contratos de fideicomiso, prometiendo retornos mensuales del 7,5% al 10%, e incluso hasta un 120% anual. Se bonificaba un 20% del capital invertido a las 24 horas de la suscripción, pero también se imponían fuertes penalidades por retiros anticipados. 

El esquema se sostenía mediante un sistema de comisiones para quienes incorporaran nuevos inversores, replicando así un típico modelo piramidal. Además, se ofrecían productos como "robots de inversión" que supuestamente generaban retornos aún más elevados en plazos breves.

El perjuicio económico totalizado asciende, según la fiscalía, a 5.682.500 pesos y 574.120 dólares. De acuerdo con la acusación, Cositorto dirigía personalmente las operaciones, firmaba contratos y realizaba movimientos desde sus cuentas bancarias.

En Salta, el líder operativo de la red era Ricardo Vilardel, quien recibía los fondos de los inversores. Su hermana Ana Vilardel actuaba como secretaria y también recibía transferencias, mientras que Jorge Federico Vilardel estaba a cargo de la atención al público y pagos. Por su parte, Griselda Albornoz tenía la función de captar nuevos aportantes mediante reuniones y presentaciones abiertas.

El juicio se presenta como uno de los más significativos en la historia reciente del fuero penal económico en Salta, tanto por la cantidad de víctimas como por el volumen del fraude y la sofisticación de la estructura.