Por qué no caería presa la mujer que recibió por error 510 millones de pesos y los gastó

El insólito caso de Mónica Acosta, una mujer de Villa Mercedes que recibió por error $510 millones de pesos en su cuenta bancaria, sigue generando repercusiones. Si bien fue imputada junto a cinco familiares tras gastar parte del dinero, su abogado asegura que no cometió ningún delito y que no corresponde que vaya a prisión.

Todo comenzó cuando Acosta esperaba una transferencia de $8000 en concepto de cuota alimentaria y, en cambio, recibió una suma millonaria debido a un error administrativo de un contador del gobierno de San Luis. Lejos de devolver el dinero, la mujer lo utilizó para realizar compras de electrodomésticos, alimentos, materiales de construcción y ayudar a su familia.

La Justicia la imputó por los delitos de defraudación, estafa y retención indebida de fondos públicos, pero su abogado, Hernán Echeverría, sostiene que no se configuran los elementos necesarios para que haya delito.

"Ella es titular de la cuenta y de las tarjetas de débito y crédito que usó. No suplantó a nadie ni manipuló sistemas para obtener el dinero. Simplemente lo recibió sin que mediara ninguna acción fraudulenta de su parte", explicó Echeverría. En ese sentido, señaló que para que exista retención indebida de fondos públicos, debe haber una notificación formal del error, lo cual nunca ocurrió.

Además, el letrado insistió en que su clienta actuó de buena fe y sin plena conciencia de la magnitud del dinero que había recibido. "Pensó que era un regalo, una ayuda inesperada. Usó parte para resolver necesidades urgentes en un contexto de mucha humildad", afirmó. Acosta aseguró haber gastado alrededor de $44 millones, una fracción del monto total.

La defensa también criticó la decisión judicial de imponer una fianza de $30 millones para evitar la prisión preventiva, argumentando que ella siempre estuvo dispuesta a colaborar con la investigación y que la mayor parte del dinero (el 90%) ya fue recuperado.

"No estamos frente a una estafa, ni a una maniobra premeditada. Fue una situación generada por un error del propio Estado. Nuestra intención es llegar a un acuerdo y resolverlo sin criminalizar a una persona que actuó sin malicia", concluyó Echeverría.

Mientras tanto, la causa sigue su curso judicial, pero con el argumento central de la defensa: no hubo intención ni acción delictiva, por lo que Acosta no debería ir a prisión.