Hizo fortuna vendiendo pasaportes truchos en Salta: "Toda gente muerta"

En consecuencia de una investigación realizada por el área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, admitió la imputación requerida contra Mariela Barrientos por el delito de falsedad ideológica de documento destinado a acreditar la identidad de las personas en seis hechos.

Durante la audiencia de formalización de la investigación penal, la fiscal subrogante Paula Gallo explicó que Barrientos fue detenida el 24 de octubre en la terminal de ómnibus de la ciudad cuando se disponía a abordar un micro de larga distancia. La Policía Federal, al constatar un pedido de captura emitido por el juez Montoya a solicitud de la fiscalía en febrero pasado, procedió a su arresto.

Gallo argumentó la solicitud de prisión preventiva debido a la falta de arraigo de Barrientos y la alta probabilidad de fuga, destacando su facilidad para salir del país. El planteamiento fue aceptado por el juez, ya que no fue objetado por la defensa.

La fiscal reveló los pormenores de una extensa investigación iniciada a raíz de una denuncia presentada por María Fernanda Ubiergo, titular de la Subsecretaría del Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas de Salta. La denuncia reportaba la presencia de un individuo que llevaba a otras personas para realizar trámites de identificación en la oficina del organismo en Embarcación, cerca de la frontera con Bolivia.

La denuncia detallaba los movimientos del sospechoso, posteriormente identificado como Juan Ramón Aparicio, quien tenía un pedido de captura vigente. Según la denuncia, Aparicio no solo participaba en el inicio de los trámites, sino que además supervisaba cada paso y aparentemente intentó retirar los documentos con las constancias del proceso.

La investigación

La fiscal subrogante señaló que en ese momento lo que más llamó la atención a las autoridades del organismo fue que uno de los pasaportes gestionados tenía asentado un domicilio inexistente en Embarcación. Explicó que, posteriormente, a raíz de la investigación iniciada por la fiscalía con intervención de la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, se pudieron desentrañar las maniobras de falsedad ideológica.

Al respecto, se estableció que Aparicio actuaba en complicidad con Barrientos, quien era el nexo con las personas que demandaban este tipo de documentación identificatoria, tanto DNI como pasaportes, por las cuales cobraban sumas que iban de los 6 mil a los 9 mil dólares.

Sobre la operatoria, la fiscal subrogante explicó que la acusada se valía de la identidad de personas fallecidas, por lo general de esa localidad, para gestionar primero el DNI y luego el pasaporte, trámites que iniciaban luego de obtener la partida de nacimiento de esas personas.

En los casos adjudicados a Barrientos, la fiscalía expuso nombres y fechas de las personas fallecidas, algunas en 1976 y otras en 1983. A ello se sumó la inclusión de datos falsos, como la declaración de domicilio, que significó la punta del ovillo del caso.

La fiscal subrogante explicó que la maniobra no fue advertida por el mismo organismo por una diferencia en el formato de registro que poseen los sistemas informáticos de la provincia y de la nación.

En materia de pruebas, la fiscalía mencionó una gran cantidad de evidencias, tanto directas como indirectas, entre las que resaltó la existencia de conversaciones entre los acusados, chats con los clientes y comprobantes de pago por uno de los trámites, entre otros.

Agregó que los dos clientes que demandaron los trámites irregulares fueron identificados, imputados y condenados. Ambos son oriundos de Bolivia y reconocieron haberlos requerido, confirmaron las sumas de dinero exigidas por Barrientos y uno de ellos explicó que lo había solicitado para hacer un viaje a España.

En efecto, el 8 de marzo y el 16 de abril pasado José Luis Coca Herrera y Aleida Villaroel Guzmán, ciudadano y ciudadana de Bolivia, recibieron penas de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación por el tiempo de la condena por resultar autores del delito de falsedad ideológica de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas en diferentes hechos relacionados a esta misma investigación. Las condenas fueron dictadas en el marco de acuerdos de juicio abreviado homologados por el juez Montoya y por el juez de Revisión Ernesto Sola, respectivamente.