Acusan a fiscal salteño de exigir pagos millonarios para permitir una cosecha

Una denuncia de extrema gravedad sacude al norte salteño. El comerciante y productor agropecuario Daniel Sanz radicó una denuncia penal contra el fiscal penal de Tartagal, Armando Cazón, a quien acusa de haberle exigido 50 millones de pesos para permitirle levantar la cosecha en un campo que posee desde hace décadas, con documentación legal en regla.

Según relató públicamente en declaraciones a Videotar, Sanz fue citado a una reunión privada en la oficina del fiscal, donde -según su versión- Cazón le exigió la millonaria suma bajo amenaza de paralizar su producción. "Me dijo: ‘O lo firmás o te vas'. Yo lo firmé. Se entregaron 10 millones de pesos en la Fiscalía, en presencia del doctor Cazón, el doctor Palomino, el doctor Pisco y su secretario. Me dieron un recibo", afirmó el empresario.

Sanz señaló que el presunto acuerdo fue presentado como un convenio de aporte comunitario, pero denunció que en realidad se trató de un acto extorsivo. Según su testimonio, nunca se le permitió presentar pruebas ni ejercer su defensa, y solo se lo presionó para realizar los pagos exigidos.

"Nunca me llamaron para presentar pruebas. Decían que tenía que entregar 10 millones en ese momento, y luego 10 millones por semana", detalló.

El empresario también relató un episodio que agrava la situación: personas vinculadas al fiscal Cazón habrían intentado ingresar de forma violenta al campo, y durante ese intento casi atropellan con un tractor a su hijo y a una hija de una familia vecina. "Fue como una amenaza. Como diciendo: ‘No existe la Justicia, hacemos lo que queremos'", denunció.

Hasta el momento no hubo declaraciones oficiales del Ministerio Público Fiscal ni del propio Cazón sobre la acusación. Sin embargo, la denuncia ya generó fuertes repercusiones en el ámbito judicial y político del norte provincial.

La gravedad de los hechos denunciados -que incluyen posibles delitos de extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público- podría derivar en la apertura de una investigación interna o incluso en la suspensión preventiva del fiscal denunciado, si así lo determinan las autoridades judiciales competentes.