Histórica condena para el monstruo que le arruinó la vida a doce salteñitas
Esta condena sienta un precedente importante en la provincia de Salta, enviando un mensaje claro de que la ciberdelincuencia contra menores será perseguida y sancionada con la máxima severidad
En un fallo ejemplar en la lucha contra la ciberdelincuencia y la protección de la infancia, un hombre de 33 años fue condenado a una pena de 18 años de prisión de cumplimiento efectivo por múltiples delitos de grooming, promoción de la corrupción de menores y promoción de la prostitución agravada en perjuicio de doce menores de edad.
La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, llevó adelante la acusación ante la Sala VI del Tribunal de Juicio del distrito Centro, donde se ventiló un caso que conmocionó por la magnitud del accionar delictivo en el entorno digital.
Durante el juicio, se demostró que entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, el acusado estableció contacto a través de plataformas como WhatsApp, Instagram y Telegram con doce menores de edad. Su objetivo era la satisfacción sexual a cambio de dinero, vulnerando la integridad y la indemnidad sexual de las víctimas.
En sus alegatos, la fiscal Cornejo enfatizó la gravedad de los delitos cometidos en el mundo virtual, señalando que "todo lo que sucede a través de internet, tiene entidad y causa efectos, muchas veces más graves que los hechos que se dan en el mundo real".
La fiscal destacó cómo el anonimato y la masividad de alcance de internet crean un "combo perfecto" para este tipo de delitos, donde niños, niñas y adolescentes se convierten en blanco fácil para adultos que buscan manipularlos y vulnerarlos en busca de satisfacción personal, amparándose en la impunidad que creen encontrar en la red.
Un agravante especial en este caso fue la retribución económica ofrecida por el acusado a las doce víctimas a cambio de fotografías y videos de contenido sexual. El accionar del monstruo digital escaló al punto de proponer encuentros sexuales a los menores, los cuales, afortunadamente, no llegaron a concretarse, quedando la conducta delictiva en el ámbito digital.
El juez Guillermo Pereyra, al dictar el veredicto, hizo lugar al pedido de la fiscal Cornejo y condenó al acusado a la pena de 18 años de prisión de cumplimiento efectivo. Además, dispuso que el condenado realice tratamiento psicológico y sea registrado en el Banco de Datos Genéticos, una herramienta crucial para prevenir futuros delitos de esta naturaleza.
La labor de la fiscalía especializada en Ciberdelincuencia y la decisión del juez Pereyra marcan un avance significativo en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el entorno digital.
Comentarios