Condenaron a empresarios por el robo de caños del Gasoducto GNEA

Dos empresarios fueron condenados a penas de prisión en Salta por su implicación en el robo de caños del Gasoducto GNEA. El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta dictaminó que Andrés Ayala, gerente de PERTESER S.R.L., cumplirá 2 años y 6 meses de prisión condicional por robo en despoblado y en banda. Por otro lado, Matías Rossi, titular de COMARFIL S.A., recibió una sentencia de 1 año de prisión condicional por encubrimiento de un bien de procedencia ilícita, con agravante por el ánimo de lucro.

Estas condenas surgieron tras la revocación de la absolución de los acusados por parte de la Cámara Federal de Casación Penal. Esta instancia judicial también había condenado previamente al ex intendente de Aguaray, Jorge Prado, y a otras dos personas por el mismo delito.

El caso salió a la luz cuando se encontró un vehículo abandonado en la localidad de El Carril el pasado 18 de febrero. Tras una investigación, se descubrió que pertenecía a uno de los hermanos fallecidos, cuya familia no había tenido contacto desde el viernes anterior. Alarmados, los familiares se dirigieron a la finca donde residían los hermanos, donde los encontraron sin vida, con signos de violencia en la cabeza y esposas en una de sus muñecas.

Durante el juicio, se estableció que el robo de caños de grandes dimensiones fue perpetrado por los acusados en diferentes lugares, incluidos parajes como El Tonono y El Desemboque. La investigación reveló que los caños robados fueron transportados en camiones y posteriormente reducidos presumiblemente en Mendoza y Bolivia.

El fiscal general de la Unidad Fiscal Salta, Eduardo José Villalba, y la auxiliar fiscal Roxana Gual, quienes intervinieron en la investigación y litigación del caso, fueron fundamentales para llevar a cabo la formalización de las penas. La minuciosa investigación realizada desde los primeros meses de 2020 permitió determinar la responsabilidad de los acusados en el robo del Gasoducto GNEA.

Las penas impuestas a Ayala y Rossi reflejan la gravedad del delito cometido y envían un mensaje claro sobre la gravedad de este tipo de acciones ilícitas. La comunidad espera que este caso sirva como precedente para prevenir futuros actos delictivos contra la infraestructura vital para el país.