Fin de ciclo, intendentes impresentables: la caída

Décadas al frente de sus municipios, fueron formando el creciente manto de poder que los transformó en una especie de patrones de estancia. Durante el período de expansión de ese poder, acumularon toda la riqueza posible a costa del vaciamiento de sus pueblos que fueron condenados a vivir en el pasado.

Esta es la realidad de varias localidades del norte provincial, y palparla, solo deja un cuadro desolador. En esta desolación, los salteños acostumbrados a "no poder hablar", como nos lo han manifestado a lo largo de nuestra visita, traducían en silencio la magnitud de la presión. Silencio que tenía que romperse.

El hilo conductor entre Alfredo "Fredy" Llaya, Julio Jalit, Miguel Talló, Nestor Pedroza, Nardo García y Alejandra Fernández, fue el extenso interés por perpetrarse al mando de Embarcación, Pichanal, Gral. Pizarro, Urundel, El Quebrachal y Gral. Güemes respectivamente. Municipios que condujeron discrecionalmente y que la decadencia a la que sus habitantes fueron sometidos conformaron la agenda de denuncias que le puso un freno al desmanejo.

Entre compromiso y hartazgo

Las decadentes gestiones, motor del hartazgo de los vecinos de cada una de las localidades mencionadas demandaron el compromiso que este medio asumió al convertirse en eco de las denuncias, como de las irregularidades protagonizadas por estos patrones. 

El descomunal incremento de sus patrimonios personales, con el exponencial detrimento de los pueblos selló una salida inexorable.

"Esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar", fueron las palabras que usó Ernesto "Che" Guevara ante la ONU en diciembre de 1964 y encaja a la perfección en el mensaje que ha dado el norte salteño a sus "representantes". La democracia fue el revés de despedida.

Irregulares es poco

Detallar todas las irregularidades cometidas por los patrones salientes nos demandaría meses, quizás años, pero en resumen basta con mirar el paisaje total de los municipios para entenderlas. 

Obras abandonadas o nunca empezadas, asistencia social condicionada, indiferencia y en muchos casos, imputaciones por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos proponen un nuevo escenario de controles y auditorías que expongan definitivamente y ante la justicia, el daño perpetrado durante décadas.