La CGT convocó a un nuevo paro general con movilización

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció hoy la convocatoria a un paro general con movilización a la Plaza del Congreso para el próximo 24 de enero en rechazo al polémico decreto impulsado por el gobierno de Javier Milei. 

Este decreto, ha generado malestar y críticas, especialmente tras conocerse detalles detallados de la ley ómnibus enviada al Congreso. El descontento se intensificó, en particular, al revelarse el capítulo referente a las restricciones a la protesta social, calificado como "despótico" por un jerárquico de la CGT. 

La última huelga de la central obrera peronista se remonta al 29 de mayo de 2019, durante la gestión de Macri. La decisión de convocar al paro se tomó casi de manera unánime en el Comité Central Confederal, el máximo órgano ejecutivo de la CGT, con participación de regionales de todo el país. 

El 10 de enero, se llevará a cabo un plenario para definir detalles sobre la protesta, que incluirá una movilización al Congreso a partir de las 12, poniendo a prueba el operativo antipiquetes implementado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Se sumarán al paro de la CGT las dos vertientes de la CTA, representantes mayoritarios de estatales y docentes, así como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que agrupa a movimientos sociales anteriormente afines al gobierno de Alberto Fernández. Además, gremios identificados con la izquierda trotskista, como el Sindicato del Neumático, también se sumarán a la medida de fuerza.

"Hay que voltear el decreto de Milei en la Justicia, en la política o en la calle", declaró Héctor Daer, uno de los líderes de la CGT. Los gremios ya han presentado un amparo contra el decreto y buscan coordinar acciones con legisladores y gobernadores peronistas y opositores. 

El paro coincidirá con el día previo al tratamiento del mega proyecto de ley con más de 1000 artículos que el oficialismo espera llevar al Congreso. "La idea es apoyar y reclamar a la política que es el Parlamento el que debe actuar en favor de los trabajadores y de la sociedad civil", expresó Gerardo Martínez, jefe de la Uocra, uno de los gremios más afectados por la decisión de frenar los proyectos de obra pública.