Depredación de pejerreyes: se le acabó el curro a una funcionaria salteña

Una funcionaria salteña en la mira por la depredación de pejerreyes en el Dique Cabra Corral. Durante la investigación surgió que la mujer vendía pejerreyes y permisos de pescas en su domicilio particular de Coronel Moldes.

La Fiscalía Penal de Cerrillos investiga la actividad de redeadores en el embalse de Dique Cabra Corral e imputará a una funcionaria provincial, que es técnica administrativa del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la Producción, por la comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autora y en concurso ideal.

Todo comenzó desde la intervención del fiscal penal Gabriel Portal, que se produjo a partir del inicio de la averiguación por parte de la Fiscalía Penal Delegación El Carril-Coronel Moldes, que comenzó a investigar a raíz de la noticia criminis del diario El Tribuno, cuya publicación titulada "Depredación en el Cabra: un negocio de $80 millones", reveló que alrededor de 168 toneladas de pejerreyes son extraídos de forma ilegal del Dique Cabra Corral a lo largo del año y por parte de depredadores. 

De esta manera surgió que hace unos años se nombró a una Inspectora de Ambiente para controlar la pesca furtiva, pero resultó que la funcionaria fue descubierta en varias ocasiones depredando en el dique y entre sus antecedentes policiales, surgieron amenazas y resistencia a la autoridad.

El decreto de citación a la audiencia de imputación, que se concretará el 4 de febrero próximo, precisa que la mujer, de 49 años, habría dado muestras de que llevaría una conducta contraria a sus funciones y que se le puede atribuir la comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Asimismo, durante la investigación surgió que la mujer no solamente vendía pejerreyes y permisos de pescas en su domicilio particular de Coronel Moldes, sino que incurrió en una extralimitación en el marco de sus funciones porque se advirtió una connivencia inusual que le permitió direccionar operativos, investigaciones y contravenciones discrecionales.

 Para determinar la imputación, la Fiscalía contó con informes de la División Lacustre y Fluvial y de la Jefatura Policial de la Dirección General de Seguridad de la Policía de la Provincia y otro, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se sumaron distintas declaraciones testimoniales, entre las que se destaca la de un efectivo policial que confirmó que la mujer fue demorada en años anteriores por hechos de pesca furtiva. Otras personas testimoniaron sobre el accionar de la funcionaria y la acusaron de "beneficiar a ciertos grupos de redeadores" y que incluso el hijo de la mujer, "redeaba".