El duro castigo por violar la cuarentena: "Quita del auto y hasta 2 años de cárcel"

Desde que se puso en marcha la cuarentena el pasado 20 de marzo (Decreto de Necesidad y Urgencia N°297/20), miles de argentinos fueron demorados en la vía pública por incumplirla se abrieron múltiples causas penales. Con el paso de los días, las autoridades de seguridad se pusieron más estrictas en los controles y los ciudadanos que violen el aislamiento obligatorio pueden llegar a responder hasta con su patrimonio.

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En el artículo 205 del Código Penal, se fija que tendrá prisión de seis meses a dos años la persona que viole las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

Además de las consecuencias penales que le puede traer a una persona la violación del aislamiento, en las investigaciones se trabaja con un enfoque en medidas cautelares patrimoniales que podrían garantizar que se cubran los gastos de los operativos y eventualmente indemnizaciones al Estado. En esa línea, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, emitió ayer una instrucción general para que los fiscales federales con competencia penal soliciten las diligencias que aseguren el decomiso de los vehículos utilizados en infracción a las normas destinadas a proteger a la salud pública en relación al COVID-19.

Inversión de recursos económicos y humanos

Desde la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), a cargo de María del Carmen Chena, explicaron a Fiscales.gob.ar que la necesidad de disponer medidas patrimoniales en las causas se explica en que, además de una afectación a la salud pública, "se pueden generar en muchos casos un importante perjuicio económico al Estado en un contexto crítico de emergencia sanitaria".

Indicaron, también, que para hacer cesar la comisión de un delito muchas veces se requiere de un accionar del Estado que lleva una inversión de recursos económicos y humanos para que se intervenga lo más pronto posible y se evite el avance desmedido de la pandemia. Para eso, es indispensable que desde el inicio de las actuaciones y en forma concomitante a las medidas tendientes a investigar el delito, se identifiquen los bienes del imputado y se adopten las medidas cautelares que resulten "necesarias y eficaces" para asegurar que el encausado, eventualmente, responda por todos los gastos y daños ocasionados.

La DGRADB explicó que las medidas patrimoniales adoptadas desde el inicio de la causa permiten asegurar que los imputados, eventualmente, respondan por todos los gastos y daños ocasionados.

Diferentes bienes, distintos tipo de medidas

Las medidas cautelares que pueden tomarse dependerán del tipo de bien. Si se ha logrado la identificación precisa del bien, lo más conveniente es el embargo preventivo. "Si no se pudieron identificar bienes en un primer momento se puede adoptar una inhibición general de bienes mientras se desarrolla la investigación patrimonial", amplían desde la DGRADB.

En el caso de los automotores, tal como señala la resolución de ayer, son bienes que se utilizaron como instrumento para cometer el delito. "Ya en el decreto del Poder Ejecutivo se prevé la posibilidad de retenerles el automotor y ahora la instrucción del procurador va más allá planteando que se puede cautelar con fines de decomiso por el artículo 23 del Código Penal", sostienen.