Afirman que los caños robados del Gasoducto NEA se venden como comederos de vacas

El negocio millonario que terminó enriqueciendo a unos pocos. Hace unos meses, aparecieron algunas denuncias que dejaron a la vista el robo de varios kilómetros del gasoducto NEA. En la causa judicial aparecen como principales responsables el intendente de Aguaray Jorge Enrique Prado y una empresa privada. Fue tanta la repercusión a nivel nacional que terminó desnudando una falencia sumamente grave: lo que acontecía en el norte también ocurría en distintos puntos del país.

Una investigación realizada por El Tribuno demostró que la obra inconclusa del gobierno nacional quedó reducida a un negocio para el mercado negro, como es el caso de los "comederos para animales vacunos o piezas nobles con las que finqueros y contratistas de dudosa reputación ejecutaron obras de alcantarillados, cruces de ruta, acueductos y conducciones de riego".

Mendoza, La Pampa, Chubut, La Rioja y Catamarca son los mejores antecedentes que muestran los alcances de una multimillonaria defraudación al Estado argentino con influencias políticas. La jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio, marcó una salvedad. El 17 de junio de 2018, gendarmes detuvieron en Pampa Salamanca (Chubut) dos camiones cargados con caños de una obra de ampliación del Gasoducto San Martín, paralizada por el escándalo internacional que dejó mal parada a su contratista: la brasileña Odebrecht, indicó el colega Antonio Oieni

A diferencia de lo que ocurrió en Aguaray y Mosconi, la jueza sureña secuestró los camiones, detuvo a cuatro choferes y con las indagatorias constató que 262 tubos de 30 pulgadas, valuados en cerca de $170 millones, se vendieron a través de las redes sociales. En esa causa, que hoy tiene dos procesados y 15 imputados, las declaraciones permitieron localizar 80 de esos caños en fincas de Salta y Tucumán, donde los convirtieron en comederos para ganado y alcantarillas. El Juzgado de Chubut mantuvo hasta ahora bajo llaves los nombres de los comerciantes, transportistas y productores involucrados en la reventa ilegal de los caños del Estado.

Con la colaboración de colegas de Comodoro Rivadavia, se pudo determinar que entre los imputados se cuenta Maximiliano Alves Carneiro, dueño de un taller metalúrgico de Villa María (Córdoba), quien aparece en muchos de los remitos fraguados junto a Adrián Antonio Vera. Este último es un estafador serial con domicilio declarado en La Paz (Mendoza).

Ambos, en realidad, son oriundos de Luján de Cuyo, donde tienen sus supuestas sedes muchas de las empresas que se reiteran en los millonarios fraudes con caños gasíferos. Diego Andrés Alos, el empresario al que el intendente de Aguaray le regaló 35 kilómetros del Gasoducto del NEA, también es un comerciante de Luján de Cuyo, que registró en esa localidad, el 11 de noviembre de 2018, la firma OSIP SA.

De valer 5 mil dólares quedaron reducidos por $150 mil

Muchos de los caños que fueron robados terminaron en un mercado negro siendo completamente devaluados. Claramente las personas que hacían negocios con ellas, no pierden nada. Venden algo que no es de ellos y que termina siendo robado.

En los 35 kilómetros de gasoducto que quedaron a merced del saqueo había 2.700 caños acerados sin costuras, de 24 pulgadas, adquiridos con fondos nacionales a Tenaris (Techint).

Cada uno vale 5.000 dólares y aún se desconoce cuántos fueron robados.

En Mercado Libre tubos usados se venden por $197.000 ($15.367 el metro con IVA incluido) para convertirlos en comederos y bebederos de hacienda o usarlos en obras de alcantarillado, cruces de rutas, acueductos, conducciones de riego y otros proyectos de ingeniería.

En el mercado negro, que se mueve por las redes sociales cada caño saqueado y revendido reporta hasta $150.000.