Para la Corte Interamericana el Estado Argentino violo derechos de comunidades originarias

El fallo reconociendo las violaciones a los derechos de las comunidades indígenas que habitan 643 mil hectáreas en los ex lotes fiscales 55 y 14, en el Chaco salteño, llegó en momentos en que los habitantes de esa zona soportan una crisis social y sanitaria de envergadura, incluso con la muerte de niños y niñas por causas vinculadas a la desnutrición.

La sentencia, decidida en febrero pasado, fue notificada hoy a las partes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) "encontró al Estado de Argentina responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de las comunidades indígenas", informó en un comunicado el tribunal internacional.

Según consignó Pagina 12, es la primera vez que en un caso contencioso, la CorteIDH analiza los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma autónoma a partir del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El tribunal ordenó medidas de reparación específicas para la restitución de estos derechos a las comunidades indígenas comprendidas en la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, que con la coordinación del líder wichí Francisco Pérez viene litigando contra el Estado argentino desde la década del 80.

Entre sus disposiciones, la CorteIDH ordenó que el Estado argentino, y el estado provincial de Salta, lleven a cabo "acciones para el acceso al agua y a la alimentación, para la recuperación de recursos forestales y para la recuperación de la cultura indígena".

El caso se vincula con el reclamo de reconocimiento de la propiedad de sus tierras de parte de comunidades Indígenas pertenecientes a los pueblos Wichí (o mataco, en la designación occidental), Iyjwaja (chorote), Komlek (qom, oo toba), Niwackle (chulupí) y Tapy'y (tapiete) dentro de la provincia de Salta.

El territorio en disputa se encuentra en el extremo noroeste de la provincia, limita con Paraguay y Bolivia, teniendo como centro a la localidad de Santa Victoria Este. Se trata de 643 mil hectáreas del territorio ancestral indígena que han sido también ocupadas por pobladores criollos y en donde el Estado argentino construyó el puente internacional de Misión La Paz, que une a Argentina con Paraguay, "sin previa consulta" a las comunidades.

En su sentencia, la Corte determinó que el Estado argentino violó el derecho de propiedad comunitaria, al no dotarla de seguridad jurídica y permitir que se mantenga la presencia de pobladores criollos en el territorio, a pesar de que el reclamo indígena por ese territorio lleva más de 28 años.

La Corte Interamericana también concluyó que Argentina no cuenta con normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria. Asimismo, sostuvo que autoridades judiciales argentinas no siguieron un plazo razonable en la tramitación de una causa judicial en que se decidió dejar sin efecto normas relativas a adjudicaciones fraccionadas de tierra.

Y determinó que el Estado argentino violó los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, a causa de la falta de efectividad de medidas para detener actividades que resultaron lesivas de estos derechos. El tribunal internacional entendió que la tala ilegal y otras actividades, desarrolladas en el territorio por la población criolla, como la ganadería y la instalación de alambrados, "afectaron bienes ambientales, incidiendo en el modo tradicional de alimentación de las comunidades indígenas y en su acceso al agua".