Espionaje en Salta: las denuncias de los dirigentes no suelen prosperar

Una vez más las acusaciones de espionaje se instalan en primera plana. El Gobierno de Salta otra vez en el ojo de la tormenta, en este caso Fernando Yarade y Emiliano Estrada habrían sido el objetivo de estas prácticas que muchos definen como "la política sucia".

El ex jefe de Gabinete publicó un video en el que se puede ver un drone sobrevolando el patio de su casa, mientras que en las oficinas del Ministerio de Economía encontraron micrófonos que habrían servido para escuchas ilegales a Estrada. Seguido de esto, en una conferencia de prensa la senadora Cristina Fiore confirmaría que Yarade ya había sido amenazado apenas desembarcó en la Jefatura de Gabinete.

Esto no es un hecho aislado, dirigentes de diversas agrupaciones han denunciado en alguna oportunidad espionaje sin mucho éxito. Las causas suelen no prosperar aun cuando los antecedentes en la provincia sean preocupantes. Desde un funcionario, pasando por dirigentes políticos, y hasta ex policías involucrados con el narcotráfico han señalado la metodología de inteligencia implementada.

Uno de estos fue Alfredo Olmedo, quien en el 2011 ya hablaba de espionaje, debemos tener en cuenta que en ese momento, el gobierno de Juan Manuel Urtubey daba sus primeros pasos. "No tengo el celular pinchado, tengo el celular violado" manifestó el legislador de campera amarilla. Lo cierto es que la investigación, como lo describió Olmedo "nunca hubo novedades".

Otro denunciante fue Claudio Del Pla, dirigente del Partido Obrero, quien al igual que Olmedo, denunció ser víctima de espionaje por parte del Gobierno. Además criticó fuertemente lo implementado por los servicios de inteligencia en la provincia. 

Más tarde, Gabriel Giménez, ex policía vinculado al narcotráfico, declararía que ellos debían realizar diferentes tareas de espionaje por orden de funcionarios del Gobierno. El objetivo de estas tareas de inteligencia se extendió no solo por el arco opositor sino también oficial, llegando hasta periodistas.

Todo apuntó directamente al Departamento de Inteligencia Policial, también conocida como la "D2", ellos habrían sido los encargados de realizar tareas de espionaje político y registrar los movimientos de manifestaciones gremiales y sociales con fotografías y filmaciones encubiertas. Policías -según se denunciaron- usan celulares, máquinas fotográficas y filmadoras del D2, pero disimuladas con calcos de medios de prensa o camufladas en vestimentas y bolsos de mano.

Las acusaciones salpicaron al juez Julio Bavio, además de haber generado polémicas imputaciones para Saravia, Lami, el exsubjefe de Policía, Simón Pistán, y el jefe de operaciones de Drogas Peligrosas, Marcelo Álvarez, entre otros. 

Todo esto derivó en un pedido urgente de allanamientos en los que se pedía secuestrar computadoras, libros de guardia, registros, memorándums, filmadoras, celulares, y otros elementos a fin de confirmar las tareas que cumplía este servicio de inteligencia.