El fin de las quejas: el plazo que les dieron a las obras sociales para resolver los reclamos
Las obras sociales y prepagas tendrán que resolver los reclamos de los afiliados en menos de 30 días.
Tras años de reclamos y demoras injustificadas, el Gobierno implementó una reforma profunda que obliga a obras sociales y prepagas a resolver los reclamos de los afiliados en un plazo máximo de 30 días hábiles. La medida fue dispuesta por la Superintendencia de Servicios de Salud y apunta a terminar con la opacidad y la impunidad de muchas entidades del sistema de salud.
Además, deberán responder los requerimientos oficiales en no más de cinco días corridos. Hasta ahora, los procesos podían extenderse por hasta dos años sin sanciones reales, dejando a miles de usuarios sin cobertura ni respuestas.
Uno de los puntos más relevantes del nuevo esquema es la aplicación de sanciones proporcionales a la gravedad de las faltas, que pueden llegar a superar los 30 millones de pesos. Las multas se calcularán en base a módulos cuyo valor está atado al haber mínimo jubilatorio. El objetivo es que las sanciones dejen de ser simbólicas y pasen a tener un peso económico real.
También se implementará un ranking público que informará a los usuarios cuáles son las obras sociales y prepagas que más incumplen. Esto permitirá a los afiliados elegir su cobertura con datos concretos, fomentando la competencia en base a calidad y transparencia.
La Superintendencia busca así recuperar su rol fiscalizador, invirtiendo la carga de la prueba: ahora las entidades deberán demostrar que están cumpliendo la ley. A la vez, se premiará a quienes sí gestionan correctamente y respetan los derechos de sus afiliados.
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