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Plan "computadoras baratas" / El Gobierno garantiza que bajarán precios y que habrá hasta 24 cuotas

El macrismo reiteró que está tomada la decisión de eliminar aranceles para la importación de equipos. Empresas alertan que hay en riesgo 10.000 empleos.

El Gobierno garantiza que bajarán precios y que habrá hasta 24 cuotas

El plan "computadoras baratas" con el que pretende avanzar el Gobierno continúa levantando polémica en el sector empresario.

Por lo pronto, el macrismo confirmó este miércoles la "eliminación del arancel de 35% para importar computadorasnotebookstablets y sus componentes", medida que se hará efectiva en marzo de 2017. 

"Es una política pública que beneficiará a los usuarios y consumidores. Tiene el objetivo de reducir los precios, ampliar la oferta y mejorar la calidad de las computadoras, para achicar la brecha digital y aumentar la productividad de miles de empresas en el país", destacaron a través de un comunicado desde el Ministerio de Producción. 

En el marco de esta futura medida, el Gobierno convocó a 18 asociaciones de defensa de consumidores para particpiar de una jornada informativa con la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor de la Secretaría de Comercio y la Subsecretaría de Articulación Federal y Sectorial de la Secretaría Transformación Productiva.

Durante el encuentro, el subsecretario de Articulación Federal y Sectorial, Guillermo Acosta, explicó que esta medida se tomó “no solamente porque había precios altos en relación a otros países, sino que además teníamos una oferta limitada, lo que explica un atraso tecnológico en nuestro país”.

"Vamos a poner a disposición de todos los consumidores un abanico de alternativas a un precio más competitivo con el compromiso de cuidar el empleo”, afirmó el funcionario.

En la reunión se explicaron las medidas complementarias de esta medida, como la implementación de facilidades de financiamiento, que contemplan la posibilidad de pagar hasta en 24 cuotas notebooks de ensamblado nacional.

En este contexto, el director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, expresó que "estamos trabajando fuertemente con el sector para beneficiar el bolsillo de los 40 millones de consumidores en el ingreso a las nuevas tecnologías".

"Hoy nuestro país es el más caro de la región para comprar una computadora. El sobrecosto lo pagan las Pymes y los consumidores, por eso es responsabilidad del Estado tomar esta medida que potenciará de manera transversal la economía argentina, con la generación de nuevos empleos, con la reducción de los precios, la mejora de la calidad de las computadoras y el aumento de la productividad de miles de empresas en el país”.

Cumbre empresaria y sindical. Mientras que el Gobierno avanzaba con este encuentro, cámaras empresarias y la UOM ofrecieron una conferencia de prensa en el Congreso Nacional para exponer las "graves consecuencias que traerá la baja de aranceles a la importación". 

Bajo el lema "unidos por las fuentes de trabajo y el empleo en la industria informática argentina", dicho sindicato, junto con CAME, CAMOCA y Cadieel, mantuvieron un encuentro en el que no ahorraron críticas hacia el Gobierno nacional. 

Estas iniciativas, alertaron a través de un comunicado, "favorecerían la importación de productoscausando daños irreversibles a los fabricantes nacionales y al ecosistema de Pymes". 

Acto seguido, aseguraron que, de avanzar, "significará la pérdida de más de 10.000 puestos de trabajo que estas generan". 

Durante la conferencia, el presidente de la Comisión de industria de la Cámara de Diputados, José Ignacio de Mendiguren, comprometió el apoyo a este reclamo.

“El cierre de las industrias no es el camino para resolver el nivel de precios a los consumidores. El Gobierno debe asumir su responsabilidad y trabajar junto a las empresas en reducir el alto costo estructural argentino", indicaron de manera conjunta desde las cámaras. 

Al respecto, detallaron que el costo industrial del sector representa apenas el 4% del precio de venta, mientras que el 50% del valor final al que un producto llega al público "es responsabilidad, directa o indirectamente, del Estado", a través de "impuestos y costos de comercialización". 

"Las entidades convocantes reiteraron su máximo compromiso para apoyar las políticas concretas de desarrollo del actual Gobierno, pero no a costa de sacrificar empleo registrado y capacitado", concluyeron. 

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