Desmontes en el norte de Salta afectarían el 50% de zona de originarios
Según un relevamiento realizado con imágenes satelitales del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART), y el INTA Salta, desde el momento que se aprobó la Ley de Bosques en Argentina, el desmonte en Salta ya habría afectado el 50% de un área de 196.350 hectáreas que habitan las comunidades wichí en la zona, y que sus habitantes utilizan para obtener alimentos, agua y otros recursos.
La información surge de una nota que se brindó ante el lanzamiento realizado por la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), el INTA y la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), que tiene como fin brindar información actualizada, accesible y espacialmente explícita, sobre los desmontes ocurridos la región del Gran Chaco, cuyas tasas de deforestación se encuentran entre las más altas del mundo y están promovidas principalmente por el avance de la frontera agropecuaria en la Argentina, Paraguay y Bolivia.
En Argentina, esta zona comprende más del 60% de la superficie total de estos bosques, con una tasa de hasta 2,5% anual, muy superior a los promedios de Sudamérica (ubicada en 0,51%) y del mundo (0,2%).
En un apartado en el que se habla sobre Salta, se indica que estos desmontes estarían comprometiendo seriamente la supervivencia de las comunidades.
Se indica que según las imágenes con que se cuenta, entre 2008 y 2013 en total se habrían desmontado 358.723 hectáreas en Salta, de las cuales 112.000 estaban en zonas que debían protegerse por la Ley de Bosques. A comienzos de 2014, se sumaron dos nuevos informes del LART que alertaron sobre el avance del desmonte en el departamento de San Martín, Salta.
El primero se refirió a la localidad de Dragones, donde fueron detectadas 12.000 hectáreas desmontadas entre 2012 y 2013, en zonas de mediano valor de conservación. El segundo informe fue a raíz de un llamado a audiencia pública de la Secretaría de Ambiente de Salta, por una solicitud de autorización de desmonte de 10.000 hectáreas en Finca "Cuchuy", ubicada en la zona de General Ballivián, que también se encontraban en la Categoría II. Para admitir el desmonte, esta área fue renombrada con la Categoría III (verde), de bajo valor de conservación. "El desmonte de estas áreas tiene series consecuencias desde el punto de vista social y ambiental", indicaron los especialistas al hablar sobre el tema.
Fuente: Nuevo Diario
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