Tras el informe de Que Pasa Salta, la Justicia ya investiga las escandalosas pruebas contra Solís

El escándalo que evidenció un informe de Que Pasa Salta contra el intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, finalmente llegó a la Justicia provincial. Hoy el Ministerio Público Fiscal confirmó que ya dos fiscales se encuentran el proceso de recabar datos que ratifiquen el fraudulento accionar del jefe comunal. 

Ricardo Moyano, vecino de Rosario de la Frontera, denunció haber tomado conocimiento por medio del periodista Miguel Padilla y Que Pasa Salta, de la existencia de su nombre en una nómina como beneficiario de un plan social, según talonarios de recibo que le fueron entregados. Esta documentación fue exhibida en la subcomisaría de El Mirador, de Rosario de la Frontera. Los recibos eran por la suma de $1.800 desde diciembre del 2016 hasta marzo de 2017 y la suma de $2.100 correspondiente a los meses de marzo de 2017 hasta octubre del mismo año, incluso un recibo a nombre de otra persona pero firmado a su nombre.

Moyano desconoció haber recibido dichas sumas de dinero ni haber firmado los recibos. También manifestó que el periodista que le advirtió de la situación, le hizo entrega además de una fotocopia de un documento de identidad a su nombre que no se encuentra en vigencia.

En su denuncia incluyó al secretario de Gobierno del municipio, ya que se sintió perjudicado por un descargo que el funcionario realizó en un medio de comunicación luego de haber hecho público su caso. De esta manera, pidió que se tomen las medidas legales correspondientes.

El fiscal, al tomar conocimiento de esta denuncia, citó al denunciante a fin de conocer mayores detalles. En esa declaración Moyano ratificó todos su dichos, por lo que el fiscal, López Ibarra inició la actuaciones preliminares, ordenando diligencias entorno a la investigación

Como es criterio del Ministerio Público, desde la Procuración se resolvió sumar a la investigación a un fiscal especializado y por tratarse de un presunto delito contra la administración pública, se dispuso la actuación de la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma.

Con esta decisión, se busca un abordaje integral y más profundo del caso, del cual se conocen escasos detalles aportados por el denunciante, aunque ya se solicitaron diversas medidas para obtener mayor precisión sobre las maniobras y presuntos responsables.