Allanan un barrio privado: la justicia investiga una lujosa quinta vinculada a la AFA

El juez federal Daniel Rafecas ordenó allanamientos en el barrio privado Ayres Plaza, en Pilar, y en una oficina de la ciudad de Buenos Aires, en Paraná 861, en el marco de la causa que investiga quiénes son los verdaderos dueños de la lujosa quinta de Villa Rosa adjudicada a los máximos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La denuncia fue presentada por dirigentes de la Coalición Cívica, quienes sostienen que existen elementos para sospechar que la propiedad podría pertenecer a Claudio Tapia, presidente de la AFA, o a Pablo Toviggino, tesorero.

Los allanamientos se realizan en propiedades vinculadas a Real Central SRL, que figura como propietaria de la quinta desde mayo de 2024. Según la investigación, los dueños formales de la empresa, Luciano Pantano y su madre Ana Conte, no tendrían capacidad económica para haber adquirido el inmueble. Pantano tiene antecedentes vinculados al fútbol, habiendo sido presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y miembro de la tesorería del Club Almirante Brown.

Rafecas ordenó inspecciones en dos terrenos de Ayres Plaza -unidades funcionales 265 y 306- que figuran como "a construir" pero donde se levantan mansiones, según fuentes judiciales. Además, pidió controlar entradas y salidas, registrar bienes trasladados y fotografiar vehículos que circulen en el lugar.

La investigación apunta al presunto delito de lavado de dinero, por lo que la tasación de la quinta de Villa Rosa será clave en los próximos días. Hasta el momento, el inmueble no fue allanado, pero la seguridad y el control están reforzados.

Históricamente, la quinta fue adquirida por Carlos Tevez en julio de 2017 y, tras varias ventas, pasó a Real Central SRL en mayo de 2024. Otra empresa vinculada a la AFA, Malte SRL, tuvo a su nombre la propiedad en 2023 y recibió en 2022 una contratación directa de la AFA por 550.000 dólares para obras del VAR en el predio Lionel Messi de Ezeiza.

El caso continúa bajo investigación y la Cámara Federal deberá definir qué tribunales son competentes, ya que Rafecas considera que debería intervenir el fuero penal económico.