La Justicia Federal avanzó con nuevos allanamientos en Anta por la investigación de presuntas pensiones por invalidez irregulares y uno de los procedimientos se realizó en el hospital Enrique Romero, localidad de El Quebrachal, una institución que durante años concentró trámites vinculados a juntas médicas para acceder a estos beneficios. La causa ya pone bajo revisión cerca de 56.000 pensiones en Salta y amenaza con destapar uno de los mayores escándalos de fraude nacional.

Anta, otra vez en el centro de la investigación

Por orden de la Justicia Federal, esta semana se realizaron nueve allanamientos y ocho requisas personales y vehiculares en Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal, en el marco de una investigación que busca determinar si existió una organización dedicada a confeccionar documentación falsa para obtener pensiones por invalidez.

Según pudo conocer Que Pasa Salta, la pesquisa se desarrolló a través de escuchas telefónicas, análisis de documentación, tareas de campo y distintos peritajes que permitieron detectar presuntas irregularidades relacionadas con certificados médicos, estudios clínicos y análisis de laboratorio utilizados para gestionar beneficios previsionales.

El hospital allanado y una historia que vuelve a generar interrogantes

Uno de los procedimientos se concretó en el hospital Enrique Romero, una situación que rápidamente despertó comentarios y preguntas en toda la región.

Es que hace más de una década, durante la gestión de Leonardo 'Nardo' García, funcionó en esa localidad una mesa vinculada a juntas médicas donde se concentraban numerosos trámites de pensiones por invalidez provenientes de distintas localidades de Anta.

Con el correr de los años, distintos testimonios apuntaron a supuestos cobros para facilitar gestiones y renovaciones de beneficios. Algunas versiones hablaban de montos que podían oscilar entre los 400 mil pesos y cifras cercanas al millón, indicó el colega Néstor Pavón. Aunque nunca hubo resoluciones judiciales sobre esas denuncias, el avance de la investigación volvió a poner bajo la lupa aquel esquema que operó durante años en la zona.

Por ahora, la Justicia no informó imputaciones ni vinculó formalmente a personas determinadas con esos antecedentes. Sin embargo, el allanamiento en el hospital reavivó una discusión que en Anta nunca terminó de cerrarse.

Qué secuestraron durante los operativos

Durante los procedimientos, los investigadores incautaron distintos elementos considerados clave para avanzar con la causa.

Entre el material secuestrado figuran:

• Teléfonos celulares.
• Computadoras de escritorio.
• Notebooks.
• Certificados médicos.
• Resultados de análisis clínicos.
• Documentación relacionada con pensiones otorgadas durante distintos períodos.

Todo quedó a disposición de la Fiscalía Federal para su análisis.

La principal hipótesis apunta a determinar si existió una estructura organizada destinada a generar documentación apócrifa para facilitar el acceso irregular a beneficios previsionales.

Las 56.000 pensiones que están bajo análisis

La causa tiene una dimensión que va mucho más allá de Anta.

Meses atrás, el fiscal federal Carlos Amad confirmó que se encuentran bajo revisión las casi 56.000 pensiones por discapacidad otorgadas en Salta.

"Estamos analizando las casi 56.000 pensiones que tiene la provincia. Nos basamos en auditorías médicas, cruces de información y otros datos", sostuvo el funcionario judicial en una entrevista con los colegas de Punto Uno.

Según explicó, la investigación comenzó antes del cambio de gobierno nacional y se originó tras detectar irregularidades en certificados médicos utilizados para tramitar beneficios.

"Esta investigación no empieza precisamente con la gestión Milei. Yo empecé en la administración del doctor Fernández", explicó.

La trama que investiga la Justicia

De acuerdo con la hipótesis que maneja la Fiscalía, el mecanismo detectado tendría características similares a otros casos investigados en el norte argentino.

"El mecanismo es un grupo de personas que generan certificados falsos para engañar y estafar al Estado. Hay médicos, gestores e intermediarios", explicó Amad.

La Justicia intenta determinar quiénes participaron, cuál era el circuito de documentación y hasta dónde podría llegar la red bajo investigación.