Salta tiene 102 menores dentro del sistema penal juvenil: qué cambia desde este sábado

Desde este sábado 5 de septiembre, Salta comenzará a aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley Nacional 27.801, que modifica el sistema para adolescentes en conflicto con la ley y establece la responsabilidad penal desde los 14 años.

En la previa de su implementación, el secretario de Justicia de Salta, Javier Mónico, reveló que actualmente existen 84 menores incluidos en el Instituto Especializado de Abordaje Territorial, bajo un sistema abierto y con medidas socioeducativas, mientras que otros 18 permanecen alojados en establecimientos especializados.

Cuántos adolescentes están alojados en Salta

Según detalló Mónico en diálogo con Hora de Voces (FM Ya 91.3), los 18 adolescentes se distribuyen actualmente entre diferentes establecimientos: 2 en Castañares, 8 en Orán, 5 en Metán y 3 en Cerrillos. El funcionario aseguró que, pese a la incertidumbre que genera la incorporación de los adolescentes de 14 y 15 años, "hoy el sistema penal juvenil no está en crisis".

La nueva normativa comenzará a aplicarse a los hechos cometidos desde este sábado 5 de septiembre. Uno de sus principales lineamientos, según explicó el secretario, es que la privación de la libertad no sea la primera respuesta frente a un adolescente que comete un delito.

"El principio de la ley no es la pena de encierro, sino que busca priorizar otro tipo de medidas socioeducativas y medidas alternativas a la pena de cumplimiento efectivo", señaló Mónico. El objetivo, agregó, será trabajar especialmente sobre la reinserción social del menor.

Cómo funcionará el nuevo sistema

Entre las novedades aparece la figura del supervisor, que podrá ser un psicólogo, trabajador social u otro profesional encargado de realizar entrevistas, informes y un seguimiento periódico de los adolescentes sometidos a medidas alternativas.

Para cubrir estos puestos, Salta analiza utilizar profesionales que ya trabajan en el Instituto Especializado de Abordaje Territorial, coordinar recursos con los municipios del interior y crear un registro de supervisores que puedan ser convocados por la Justicia.

Además, la Secretaría de Justicia propuso implementar un plan piloto durante los primeros 12 meses. Ese período permitirá evaluar indicadores y determinar si será necesario incorporar profesionales, fortalecer establecimientos del interior o ampliar otros recursos.

Mónico reconoció que existe expectativa, pero también incertidumbre sobre el impacto que tendrá la reforma. Por ese motivo, ya se realizaron reuniones entre la Secretaría de Justicia, la Corte de Justicia, el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad para coordinar cómo comenzará a funcionar el nuevo esquema en la provincia.