"Los obreros que eran explotados en una finca fueron víctimas de trata laboral"

La Justicia Federal condenó a una empresa propietaria de una finca en Joaquín V. González a pagar $15 millones en concepto de reparación económica por haber sometido a diez trabajadores rurales a condiciones infrahumanas de trabajo y alojamiento. La decisión fue homologada por el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, en el marco de un acuerdo de conciliación penal impulsado por la Fiscalía Federal de Salta.

El caso fue revelado este miércoles por Isabel Soria, presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, durante su participación en el programa Que Pasa al Mediodia. La referente contra la trata de personas brindó detalles escalofriantes sobre el operativo de rescate realizado en noviembre de 2023.

Dormían sobre colchones tirados en el piso y trabajaban sin protección

La situación fue descubierta durante una inspección que halló a los trabajadores realizando tareas de desmonte sin la ropa ni herramientas adecuadas. Los diez hombres, trasladados desde otras provincias, dormían hacinados en una casilla precaria o directamente bajo un árbol, dependiendo del clima. No contaban con baños -solo pozos-, y les descontaban el 30% de su salario en concepto de comida, lo que agravaba aún más su condición de vulnerabilidad.

"Dormían con colchones en el piso, a la intemperie, muertos de calor o de frío, según la estación. No tenían ni colchas, mucho menos sábanas", describió Soria. "A veces lo hacían en catreras que son telas colgadas. Y sin baños, sino simples pozos".

Trata laboral: la forma de esclavitud moderna

La titular de la fundación explicó que, aunque muchos los denominan "trabajadores golondrina", en realidad son víctimas de trata laboral, trasladadas de una finca a otra sin protección ni derechos. "Tenemos tan naturalizado ese término que cuesta muchísimo erradicarlo, especialmente en Salta, donde se registra la mayor cantidad de víctimas de trata laboral del país, y son varones", remarcó Soria.

El fallo judicial y la reparación

Cada uno de los trabajadores recibirá $1.500.000, una cifra sin precedentes en este tipo de causas en Salta. La resolución fue producto de una investigación impulsada por el fiscal federal Ricardo Toranzos y el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen, junto con el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, y la defensa oficial del imputado.

"Este fallo marca un precedente fundamental en la lucha contra la trata laboral en el NOA. Lo que pasó en esa finca no es trabajo, es explotación pura y dura", concluyó Isabel Soria.