A 11 años de Ni Una Menos, mujeres indígenas lograron una conquista histórica en Salta
La Ley Octorina fue aprobada este año y reconoció por primera vez la violencia sexual, racial y de género que sufren niñas y mujeres indígenas. Detrás de la norma hay décadas de denuncias, lucha territorial y el legado de una referente que marcó la historia del norte salteño.
Once años después de aquella multitudinaria movilización que sacudió al país bajo la consigna Ni Una Menos, Salta suma una historia propia dentro de la lucha por los derechos de las mujeres. La reciente aprobación de la Ley Octorina significó una conquista inédita para mujeres indígenas que durante décadas denunciaron violencias sistemáticas sin encontrar respuestas suficientes del Estado.
La norma, identificada como Ley 8534, fue aprobada por unanimidad en el Senado provincial el pasado 16 de abril y lleva el nombre de Octorina Zamora, histórica lideresa wichí que dedicó gran parte de su vida a visibilizar situaciones de violencia, discriminación y exclusión que afectaban a niñas y mujeres indígenas en distintos puntos del norte salteño.
Octorina Zamora, referente indígena del pueblo wichí y defensora de los derechos de las mujeres originarias.
La ley reconoce por primera vez la violencia sexual, racial y de género ejercida contra integrantes de pueblos originarios y busca prevenir una práctica conocida como "chineo", denunciada durante años por organizaciones indígenas y referentes territoriales.
Una lucha que empezó mucho antes de Ni Una Menos
Mucho antes de que la violencia de género ocupara un lugar central en la agenda pública argentina, Octorina Zamora ya recorría despachos, organismos y medios de comunicación para denunciar abusos y exigir políticas específicas para las mujeres indígenas.
Su nombre quedó ligado a una de las luchas más importantes del norte argentino. Además de acompañar denuncias, impulsó el acceso a la salud, la educación y la formación de profesionales indígenas, convencida de que el camino para transformar la realidad requería presencia del Estado y oportunidades concretas para las nuevas generaciones.
Uno de los casos que marcó un punto de inflexión ocurrió en 2005, en la zona de Tartagal. La situación expuso las enormes dificultades que enfrentaban niñas indígenas para acceder a la Justicia y abrió un debate que atravesó ámbitos judiciales, políticos y académicos.
Según informó El Destape, fue a partir de esos antecedentes que comenzó a consolidarse un reclamo cada vez más fuerte para que estas violencias fueran reconocidas y abordadas de manera específica.
Una ley que busca pasar de las palabras a los hechos
Quienes impulsaron la iniciativa remarcan que la Ley Octorina no crea nuevos delitos ni modifica el Código Penal. Su objetivo es otro: generar herramientas para prevenir, registrar y acompañar.
Pero la Ley Octorina no se limita a una declaración simbólica. La norma busca que el Estado genere herramientas concretas para prevenir estas violencias, acompañar a las víctimas y producir información que permita conocer una realidad que durante años quedó fuera de los registros oficiales.
La creación de registros específicos aparece como uno de los ejes más importantes de la norma. Sin datos precisos, sostienen quienes impulsaron la ley, resulta imposible diseñar políticas públicas eficaces para enfrentar una violencia que durante décadas permaneció silenciada.
La expectativa ahora está puesta en la implementación. Desde distintos sectores advierten que el desafío recién comienza y que el verdadero impacto dependerá de las acciones concretas que se desarrollen en los próximos meses.
El legado de Octorina sigue vivo
Octorina Zamora falleció el 1 de junio de 2022. No llegó a ver sancionada la ley que hoy lleva su nombre, pero quienes compartieron años de trabajo junto a ella sostienen que esta conquista es el resultado directo de una lucha que nunca abandonó.
Su legado continúa en mujeres que hoy acompañan denuncias, traducen ante organismos públicos, promueven derechos y ayudan a romper silencios que durante generaciones parecían imposibles de enfrentar.
A once años del primer Ni Una Menos, la sanción de la Ley Octorina aparece como uno de los avances más significativos que dejó Salta en materia de reconocimiento de derechos. Un paso que no borra décadas de desigualdad, pero que abre una nueva etapa para miles de mujeres indígenas del norte argentino.
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