La Justicia dio marcha atrás: comunidades originarias volverán a sus casas

La Justicia ordenó que las familias de la comunidad diaguita calchaquí de Las Pailas, desalojadas el pasado 12 de junio del paraje San Gabriel, en Cachi, puedan regresar a sus viviendas.

La decisión representa un cambio de rumbo en una causa que generó una fuerte repercusión en Salta, ya que alrededor de 60 personas quedaron fuera de sus hogares en plena ola de frío.

Según confirmó la abogada de la comunidad, Verónica Huber, la Policía ya recibió la orden para avanzar con la restitución de las viviendas.

"El desalojo fue más allá de lo que decía la sentencia"

La representante legal sostuvo que el procedimiento se ejecutó sobre una interpretación incorrecta de la resolución judicial.

"Había una sentencia que ordenaba el desalojo de un potrero de cuatro hectáreas donde había vacas y una hectárea sembrada, pero terminó ejecutándose el desalojo de sesenta personas", explicó en el programa Hora de Voces, por FM Ya 91.3.

Entre los afectados había 18 menores de edad, cuatro adultos mayores de 70 años, una persona con discapacidad y otra que recibe tratamiento por una enfermedad crónica.

Vivieron dos semanas en condiciones extremas

Durante los días posteriores al operativo, las familias denunciaron que además de perder sus viviendas también quedaron sin acceso a cultivos, animales y al sistema de provisión de agua construido por la propia comunidad.

"Había nueve grados bajo cero. Eran sesenta personas viviendo como podían, fuera de sus casas, sin sus pertenencias y expuestas al frío", señaló Huber.

La restitución, no obstante, deberá ser ejecutada por los jueces de paz de Seclantás y Cachi.

Ahora apuntan contra la jueza

Pese a la decisión judicial, la comunidad adelantó que impulsará un pedido de jury contra la magistrada que intervino en el expediente.

Según explicó la abogada, el planteo ya estaba preparado antes de conocerse la nueva resolución y será actualizado con los últimos acontecimientos antes de su presentación formal.

Además, anticipó que reclamarán judicialmente por los daños ocasionados durante el procedimiento.

"Hay daños que ya no tienen vuelta atrás y serán reclamados", afirmó.

El reclamo por las tierras continúa

Desde la comunidad remarcaron que el conflicto de fondo sigue siendo el reconocimiento definitivo de los derechos territoriales de las familias indígenas.

Huber sostuvo que la disputa excede el reciente desalojo y recordó que llevan más de veinte años reclamando que el Estado reconozca la posesión ancestral de esas tierras.

"Para ser dueño de un inmueble no alcanza solamente con una escritura. También existe la posesión, y estas comunidades viven allí desde hace generaciones, incluso antes de la conformación del Estado argentino", concluyó.