Familias rurales denuncian que proteccionistas dieron en adopción sus vacas

Un fuerte conflicto se desató en el norte salteño luego de que se viralizara una campaña de adopción animal promovida por organizaciones proteccionistas, quienes ofrecían más de 500 vacas en adopción, bajo el argumento de que eran víctimas de maltrato. Sin embargo, familias rurales de Pichanal denuncian que muchos de esos animales son suyos y que fueron retirados sin ningún tipo de notificación legal.

Una de las voces más firmes es la de Mabel Aparicio, productora afectada, quien relató en el programa Hora de Voces la grave situación que atraviesan. Según explicó, sus vacas y las de otras familias ingresaron al campo de la empresa Seabord Corporation, que no tendría sus tierras claramente delimitadas. Ante esa situación, la firma secuestró los animales y los entregó posteriormente a la justicia.

"Hasta el día de hoy no fuimos notificados que nuestros animales los regalaron. Nos enteramos por redes sociales. Nos quitaron todo, el sacrificio de décadas, de generaciones de nuestros padres y abuelos. Somos cinco familias que nos quedamos sin nada", lamentó Aparicio a NuevoDiario.

La denuncia generó polémica, especialmente porque los animales fueron incluidos en una campaña de adopción lanzada por proteccionistas salteños, entre ellos, Carmen Cartagena, con quien Aparicio intentó dialogar. Según audios difundidos públicamente, Cartagena maltrató verbalmente a la productora rural, tratándola de ignorante y sin estudios.

Por su parte, Aparicio sostiene que los animales estaban en buen estado, y que de hecho fueron maltratados por la misma empresa Seabord, que los retuvo sin previo aviso ni proceso administrativo adecuado.

Hasta el momento, ninguna autoridad judicial ni del Gobierno provincial intervino para ofrecer respuestas o aclarar la situación legal de los animales secuestrados. Las familias continúan reclamando por la devolución de sus vacas y por el reconocimiento de sus derechos como pequeños productores, cuya economía depende exclusivamente de esta actividad.

El conflicto pone en tensión los límites entre la defensa de los derechos animales, la propiedad privada rural y la actuación de empresas agroindustriales en territorios del norte salteño.